• EQUIS y Documenta A.C. llamaron a las autoridades federales atender  a la brevedad las solicitudes de amnistía  y publicar los lineamientos para que las personas privadas de la libertad puedan acceder a este beneficio.

Por: Oscar Nogueda/

Equis Justicia para las Mujeres (EQUIS) y Documenta A.C externaron que la Ley de Amnistía se mantiene en papel debido a que las autoridades federales no han publicado los lineamientos necesarios para que las personas privadas de la libertad puedan acceder a beneficio este beneficio.

“Hasta el momento la ley esta en el papel porque hay un retraso significado de la Comisión. La falta de lineamientos quiere decir  que la ley no se ha puesto en práctica. A mes y medio de la publicación de la ley, no hay una ruta de cómo se va aplicar este beneficio”, señaló Ana Pecova, Directora de EQUIS.

Amaranta Valgañon, abogada de EQUIS, apuntó que esta organización presentó una solicitud de amnistía para una mujer indígena zapoteca acusada de transportar droga a la Ciudad de México por 2 mil pesos. A pesar de ello, manifestó que se  encontraron con múltiples obstáculos para presentar la solicitud, tales como la falta de información sobre la recepción y tramite de este beneficio, certeza del lugar a entregar y la falta de difusión de la ley en las prisiones mexicanas.

“Al no contar con lineamientos claros, tanto nosotros como los servidores públicos seguimos sin tener certeza de los términos específicos para presentar las solicitudes. No se ha difundido la ley en las prisiones. La Comisión no ha publicado el acuerdo de recepción y tramite de las solicitudes, por lo que se suponen viajes y erogaciones para entregarlas”, comentó Amaranta Valgañon.

La abogada de Documenta A.C, Noemí Juárez, externó que existe una falta de certeza jurídica por las omisiones de la Comisión de Amnistía, además de que en  los acuerdos presentados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hacen falta detalles para determinar la competencia de los jueces que atendrán las solicitudes de Amnistía.

Ante el caso  del joven de 18 años sentenciado a 3 años 10 meses por la transportación de metanfetaminas, Noemí Juárez informó que las autoridades federales solicitaron, a la asociación, pruebas sobre este caso para analizar su situación. Además, comentó que después de cuatro meses la Comisión dará una respuesta a las distintas solicitudes analizadas, por lo que  la imposibilidad de las personas en prisión para presentar pruebas sobre su caso y la falta de información para interponer un recurso de revisión ante la respuesta de las autoridades los deja en un estado de indefensión.

“Esta exigencia de pruebas a las personas privadas de prisión  resulta imposible. En los tribunales internacionales se apuntó que las personas privadas de su libertad no tienen la posibilidad de realizar trámites para allegarse de pruebas. La Comisión responderá a las solicitudes después de cuatro meses, las personas no tendrían resolución ante la cual interponer un recursos, esto los deja en estado de indefensión”, precisó Noemí Juárez.

Por otro lado,  Ana Pecova  externó que la estrategia de despresurización de las cárceles mexicanas  no ha funcionado, ya que en junio solo 81 personas accedieron al beneficio de pre liberación. Antes de la pandemia del Covid-19, 440 personas accedieron a este recurso.

“No hay ni una sola vía abierta para que las personas accedan a estos beneficios. No ha servido la estrategia de despresurización en cambio han aumentado las personas en prisión. No se ha trabajo para disminuir a las personas en prisión pero si para aumentar esta situación. Las mujeres enfrentan obstáculos para el acceso a la justicia y para acceder a los beneficios de esta ley”, sostuvo Ana Pecova.

La Coordinadora de Documenta A.C. expresó que las personas privadas de la libertad  incrementaron en un 4 por ciento durante la crisis sanitaria, también, expuso que no se está priorizando la estrategia de despresurización de las cárceles.

Al mismo tiempo,  Ana Pecova que el 40 por ciento de las personas privadas de la libertad no cuentan con una sentencia, por lo que la falta de mecanismos para acceder a los beneficios de la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley de Amnistían afecta a esta población.

María Sirvent, Coordinadora de Documenta A.C.,  manifestó que se han identificado  mil 974 contagiados de Covid-19y 180 fallecimientos por este nuevo virus, sin embargo, declaró que existe un subregistro de los casos debido a la falta de pruebas  y de información por parte de algunos penales.

Auando a ello, las ONGS enfatizaron que los decesos de las cárceles han aumentado durante la pandemia. En mayo se registraron 144 muertes, lo que implica un aumento del  124 por ciento respecto al mes de abril. Ante esta situación, las organizaciones destacaron que el 70 por ciento de las  personas en prisión carecen de suministro de higiene, atención médica, falta de agua y  padecen de sobrepoblación.

“Hay una aceleración en las letalidades, la falta de datos quiere decir que las cifras de decesos podría ser mayor porque hay penales que no han reportado, hay estados que reportaba cero contagios. No hay un registro oficial de la población penitenciaria afectada por el Covid ni de las preliberaciones otorgadas. La Falta de pruebas impide hacer una radiografía  de la situación, la información salva vidas”, añadió María Sirvent.

Por último, las ONGS llamaron a la Comisión de Amnistía a resolver a la brevedad las 2 mil solicitudes presentadas, así como publicar los requisitos que deben seguirse para que las personas puedan acceder a este beneficio.