Por: Redacción/

El senador panista Jorge Luis Preciado Rodríguez presentó una iniciativa para que los funcionarios que cometan faltas administrativas graves sean inhabilitados de manera permanente para ocupar cualquier encargo, sin perjuicio de las sanciones económicas y penales que en su caso correspondan.

Al exponer su iniciativa, el senador panista explicó que esta propuesta busca reformar los artículos 78, 79, 84, 89 y 225, y derogar el 80 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el fin de eliminar las figuras de “suspensión y destitución del empleo, cargo o comisión”, para castigar dichas conductas.

“Al eliminar las figuras de suspensión y destitución del empleo, cargo o comisión, de los supuestos de faltas administrativas graves, se busca evitar que la resolución del Tribunal en materia Administrativa decida utilizar aquéllas en vez de inhabilitar de manera permanente a los servidores públicos”, indicó Preciado Rodríguez.
Al establecer como únicas sanciones la inhabilitación permanente para ocupar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público, y la sanción económica, los supuestos que dispone el artículo 80 de la Ley General quedarían sin efectos, señaló.

El legislador por Colima dijo que en la actualidad se puede observar la existencia de posibles actos de corrupción cometidos entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno y particulares, en perjuicio del bienestar general.

“El sismo del 19 de septiembre hizo evidentes posibles actos de corrupción y omisiones cometidas por parte de autoridades locales y empresas constructoras en la Ciudad de México; por otra parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió 167 investigaciones contra servidores públicos adscritos a delegaciones federales en Aguascalientes, la mayoría por enriquecimiento ilícito, uso indebido de recursos públicos, abuso de autoridad y tráfico de influencias; además, el caso del socavón en el Paso Express, en Morelos, en el que dos personas perdieron la vida”, sostuvo.

Preciado Rodríguez afirmó que, en los ejemplos anteriores, existió omisión por parte de las autoridades al exigir a los particulares el estricto cumplimento de la ley, favoreciéndose de su cargo o empleo para incurrir en posible enriquecimiento ilícito, uso indebido de recursos públicos, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

“Es necesario establecer una sanción que garantice que los servidores públicos no incurrirán en faltas administrativas graves, ya que la corrupción afecta la relación entre gobernantes y gobernados, al considerar que los servidores públicos sólo privilegian sus intereses y el de personas allegadas a ellos, lo que es contrario al bienestar general”, remarcó.

Por tal motivo, dijo, los actos de los servidores públicos deben apegarse a los principios constitucionales para fortalecer la gestión pública, la transparencia y la rendición de cuentas de manera efectiva.

La propuesta del senador de Acción Nacional se turnó a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, para su análisis y dictminación.