Autor: Moctezuma Reco

Analista

En el complejo escenario de la lucha contra el crimen organizado en México, se han suscitado diversos casos donde tanto la Secretaría de Marina como el Ejército Mexicano han logrado importantes capturas de líderes delictivos, solo para ver cómo, por errores en el debido proceso, estos criminales son puestos en libertad. Estos episodios no solo ponen en entredicho la efectividad de las fuerzas de seguridad, sino que también cuestionan la solidez del sistema judicial mexicano. A continuación, presento algunos casos que reflejan esta problemática.

El crimen organizado representa una amenaza asimétrica, una entidad sin forma definida que puede adaptarse rápidamente para encontrar recovecos legales a su favor. Esta capacidad camaleónica del crimen organizado para infiltrar y corromper instituciones, así como para aprovecharse de las debilidades del sistema legal, no siempre es plenamente comprendida por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y por el sistema de justicia mexicano.

Caso de “El Menchito” (2017):

En junio de 2017, la Marina logró la captura de Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, fue liberado en enero de 2020 por falta de pruebas contundentes en su contra. Esta situación evidenció las deficiencias en la recolección y presentación de pruebas por parte de las autoridades. La falta de pruebas sólidas puede debilitar los casos judiciales, permitiendo que presuntos criminales evadan la justicia. 

Caso “Alfredo Cárdenas Martínez” (2018):

Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, fue considerado uno de los principales líderes del Cártel del Golfo. En febrero de 2018, la Marina mexicana logró su captura en Tamaulipas, en una operación que representó un golpe significativo para la estructura delictiva de la organización. Se le acusaba de coordinar el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en la región.

Sin embargo, la liberación de Cárdenas Martínez en octubre de 2020 por falta de pruebas contundentes en su contra y presuntas violaciones al debido proceso dejó perplejos a muchos. Surgieron interrogantes sobre la calidad de la investigación y la presentación de pruebas por parte de las autoridades, así como sobre la legalidad de los procedimientos utilizados en su detención.

La liberación de “El Contador” evidenció las debilidades del sistema judicial mexicano y resaltó la importancia de que las autoridades cumplan con los estándares legales y procesales en la persecución de la delincuencia organizada. Además, planteó dudas sobre la capacidad del Estado para sostener las acusaciones contra figuras prominentes del crimen organizado y llevar a cabo juicios justos y transparentes.

Este caso subraya la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas y procesales de las autoridades mexicanas para garantizar que los responsables de actividades criminales sean llevados ante la justicia de manera efectiva y en conformidad con el Estado de Derecho. La liberación de criminales de alto perfil debido a errores en el proceso judicial representa un desafío significativo en la lucha contra la delincuencia organizada en México y destaca la importancia de abordar las deficiencias del sistema judicial para evitar que estos casos se repitan en el futuro.

Operativo en Culiacán (2019):

En octubre de 2019, un operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, desató una violenta respuesta por parte del cártel de Sinaloa, lo que llevó al gobierno mexicano a liberar al presunto criminal para evitar un mayor derramamiento de sangre. Este episodio generó un intenso debate sobre la estrategia de seguridad del gobierno y su capacidad para hacer valer el Estado de Derecho. La falta de una estrategia clara y coordinada para enfrentar el crimen organizado puede llevar a decisiones improvisadas que debilitan la autoridad del Estado. 

Específicamente en este caso, pudo o no haber sido una inconsistencia en el debido proceso. Sin embargo, fuentes del Gabinete de Seguridad, afirman que “el ratón” si voló hacia CDMX y que efectivamente tocó suelo citadino en el aeropuerto Benito Juárez; sin embargo, ya encontrándose en pista, los pilotos recibieron la instrucción de recargar combustible y realizar un vuelo de regreso a Culiacán. Pero… ¿Por qué? De acuerdo con estas fuentes, uno de los intermediarios encargados de regular la comunicación entre el Cártel del Pacifico (facción Chapitos) y el Gobierno Federal, amenazó con filtrar un video en el cual se encontraban reunidos los principales cabecillas de la facción de “el Mayo Zambada” con el entonces candidato López Obrador, esto, si no liberaban a Ovidio inmediatamente. Video en el cual se da la instrucción de cooperar millones de dólares de acuerdo con su posicion en la organización para ser aportados a la campaña de dicho candidato. La decisión tomada fue clara. Tiempo después, personal de SEDENA pudo localizar al poseedor de ese video, quitándole a Archivaldo Guzmán su más poderosa arma en contra del gobierno, fue entonces cuando elementos de las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC) del Ejército ejecutaron una “exitosa” operación de captura en contra de su blanco. Entrecomillo exitosa ya que esa noche, fallecieron dos de sus elementos, datos que no fueron revelados durante la exposición de la operación ante los medios.

Caso Uriel Lorenzo Valle Domínguez “El coma 18” (noviembre 2020):

El coma 18 fue uno de los principales involucrados en la tan sonada masacre de la familia LeBaron en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. En un operativo conjunto, entre SEDENA y SEMAR se logró identificar el domicilio en el cual habitaba este integrante de “La línea” organización delictiva asociada al Cartel de Juárez. Ya que en ese momento no se contaba con orden de cateo, las fuerzas federales se limitaron a realizar un perímetro de seguridad en la cuadra donde se encontraba el domicilio para evitar la fuga del criminal, esto en espera de la liberación del mandamiento judicial correspondiente para poder ingresar al inmueble. Sin embargo, el juez tardo más de 72 horas en liberar dicho mandato. La cuestión es, que “el coma 18” obtuvo un amparo de un juez federal, con el que logró salir caminando de su domicilio y llevado a “un lugar seguro” por sus abogados, no sin antes dejar más de un millón de pesos en bolsas de plástico de centro comercial, para distraer a las Fueras Armadas; más rápido que un cateo para poder hacer justicia. Mientras los militares solo observaban como uno de los culpables de una de las masacres más horribles jamás vista pasaba riéndose frente a sus ojos pudiendo hacer lo que la UIF a Rocío Nahle…NADA. 

Días después, ambas instituciones lograron capturar a (a) 32 quien era el jefe de plaza en ese entonces en Nuevo Casas Grandes. Hecho que fue aprovechado por el “18” para poder escalar en la organización. Existen fuentes fidedignas que afirman que, durante el empleo de equipo especializado, lograron detectar parte de sus llamadas, en una de las cuales mantiene una interesante conversación con una autoridad judicial relativo al amparo obtenido, donde le solicitaban 300 mil pesos por obtener dicho favor. La justicia tiene precio en México al parecer.

Caso Aldrin Miguel Jarquín Jarquín (a) “Chaparrito”(2022):

La madrugada del 13 de marzo del 2022 en un operativo conjunto entre la FGR (FEMDO) y la SEMAR, se logró la captura de Aldrin Miguel Jarquín Jarquín (a) “Chaparrito”, operador financiero de Juan Carlos González (a) “Bimbo”, considerado el tercero al mando del CJNG. La aprehensión se llevó a cabo mediante la ejecución de siete cateos simultáneos en la ciudad de Zapopan, Jal., entre casas de seguridad, bodegas, departamentos y domicilios identificados en los cuales “el chaparrito” habitaba, pero fue en la Colonia Centinela en donde se le fue encontrado. En su totalidad se decomisaron más de un millón de dólares en efectivo, sustraidos para su puesta a disposición de tres domicilios que parecían ser de raperos californianos. 

80 días después de su captura (le habían dictado dos arraigos por 40 días y posteriormente alegaron inconsistencias durante su arraigo, un tecnicismo jurídico básicamente), Miguel Jarquín fue puesto en libertad condicional por un juez bajo la “estricta condición” de asistir a firmar su situación cada 15 días, sin embargo, de manera lógica, el capo jamás se presentó. 

21 de abril de 2024, “Don Rodo”:

La FGR y la Guardia Nacional encabezaron un operativo en esa fecha en Autlán, Jalisco, en el cual pareciera que sin orden de cateo ingresaron a un domicilio en el que fue detenido Abraham Oseguera “Don Rodo”, donde le fueron aseguradas armas de fuego, narcóticos derivados de fentanilo, entre otras cosas.

Luego de una audiencia de más de 15 horas, el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez tomó la determinación de no vincularlo a proceso y ordenó su libertad por irregularidades en la detención, ya que el informe policial homologado que presentaron los efectivos de la GN, no coincidía con la narrativa observada en los videos de seguridad y testimonios de la defensa de “Don Rodo”.

Finalmente, después de un estira y afloja entre la FGR y el juez, en el que inclusive el mismo presidente intervino de manera directa, comentando en su afamado stand up mañanero, que el poder judicial era un problema (en pocas palabras dijo eso), Abraham Oseguera “Don Rodo”, salió caminando del penal de alta seguridad del Altiplano. El hermano del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación abandonó la prisión alrededor de la 1 de la mañana del 30 de abril pasado, al no ser vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de portación de armas de fuego y delitos contra la salud. 

Si bien, el error garrafal corrió a cargo de la GN al no realizar las diligencias debidas, existieron acciones puntuales que cometió el presunto acusado de acuerdo con la información disponible, para poderlo haber vinculado a proceso, tal como mostrar una credencial de elector falsa (el cual es delito federal), tener armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tener en su poder drogas derivadas de fentanilo (el peor enemigo de los gringos en la actualidad), sin embargo nuevamente fuimos víctimas del indebido proceso, aún con todo y el berrinche del presidente, al cual le urge legitimar la GN a como de lugar, los cuales van de fiasco en fiasco y cada semana lamentablemente ocasionan al menos 3 accidentes viales.

Estos casos ejemplifican cómo el crimen organizado puede adaptarse y aprovecharse de las fallas en el sistema legal mexicano para evadir la justicia y continuar con sus actividades ilícitas. La falta de una comprensión profunda de esta amenaza asimétrica y la insuficiente capacidad del sistema de justicia para hacer frente a ella resultan en una situación alarmante donde los criminales pueden salir impunes.

En consecuencia, es fundamental que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y el sistema de justicia mexicano reconozcan la naturaleza cambiante y adaptable del crimen organizado. Se requiere una respuesta estratégica que no solo se centre en la detención de líderes criminales, sino también en la prevención del delito, la desarticulación de redes de corrupción y la mejora de la capacidad investigativa y procesal para garantizar que los responsables de actividades criminales sean llevados ante la justicia de manera efectiva y en conformidad con el Estado de Derecho.