Por: Redacción/

Por la transparencia y cuidado del erario público, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está obligado a generar condiciones para que la construcción del aeropuerto internacional sea sometido a una intensa auditoría en la que participen organizaciones civiles y especialistas, indicó el diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano.

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto, expuso que el escrutinio no sólo debe centrarse en la forma en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, ha desarrollado el proyecto; sino que debe abarcar las posibles complicidades y omisiones en que han incurrido presidentes municipales donde hay afectaciones por la extracción de materiales pala dicha obra, así como otros delitos.

Informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados arrojan datos alarmantes, tanto por la forma irregular de adjudicaciones directas a opciones más caras, así como las observaciones que desaparecen del listado de la propia Auditoría sin saber qué sanciones se aplicaron o cómo fueron subsanadas, expresó.

Al gobierno federal le queda muy poco tiempo para corregir las anomalías detectadas en la obra de infraestructura más cara y grande del sexenio, y un acto congruente para avanzar en la transparencia es retirar inmediatamente del cargo al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza y al director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño.

La permanencia de ambos en sus cargos a pesar de los señalamientos de pérdida de control financiero sustentados en informes oficiales, así como las denuncias de habitantes de una decena de municipios del estado de México por afectaciones, sólo revelan que el proyecto del nuevo aeropuerto es un negocio de grupo, utilizando el argumento de que beneficiará al país, sostuvo Hernández Soriano.

Sostuvo que el costo de la obra actualmente está rebasado por más de 64 mil millones de pesos, la impunidad con que se lleva a cabo el delito federal de comercialización de combustible robado a PEMEX para abastecer a transportistas contratados por el GACM, el daño a patrimonio de habitantes de esa región, la destrucción de patrimonio histórico y la contaminación de acuíferos son sólo muestras de que algo malo ocurre con esa macro obra y las autoridades federales no actúan a pesar de las denuncias públicas y ante el Ministerio Público.

El discurso de transparencia de la SCT y del GACM se sostiene sólo en campañas médicas y no en los hechos, a la Cámara de Diputados no le han suministrado toda la información requerida respecto a la contratación de deuda pública internacional, justifican sin pruebas el rebase del costo del aeropuerto y el por qué la inversión pública pasó del 58 al 30 por ciento y la privada avanzó del 42 al 70 por ciento, manifestó el diputado federal.

La inacción o la complicidad del gobierno federal para no corregir las irregularidades empañan el desarrollo del aeropuerto que sí necesita el país y podía ser un detonante de desarrollo, sin embargo, se lleva a cabo como un negocio de políticos en retiro, afirmó.