• El 22 de junio del presente año, Proceso solicitó el reconocimiento de su calidad de víctima en la averiguación previa 034/FEADLE/2012 de la FEADLE. Sin embrago, la fiscalía negó este reconocimiento, ya que argumentó que la Ley General de Víctimas solo contempla como víctima a personas físicas y no a personas jurídicas.

Por: Oscar Nogueda/

La Revista Proceso y la organización Propuesta Cívica presentaron un amparo indirecto contra la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) por la negativa de reconocer al medio de comunicación como víctima para colaborar en la búsqueda de justicia del caso.

En abril de este año, la revista, Propuesta Cívica y Reporteros Sin Frontera (RSF) presentaron la investigación periodística sobre el asesinato de Regina Martínez, realizada por  Free Press Unlimited (FPU), RSF y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), para determinar la competencia federal en la investigación del caso, la cual debe agotar las líneas de investigación relacionada con la actividad periodística de Regina.

El 22 de junio del presente año, Proceso solicitó el reconocimiento de su calidad de víctima en la averiguación previa 034/FEADLE/2012 de la FEADLE. Sin embrago, la fiscalía negó este reconocimiento, ya que argumentó que la Ley General de Víctimas solo contempla como víctima a personas físicas y no a personas jurídicas.

Ante esta negativa, la revista inició un juicio de amparo indirecto para que un juez federal declare como inconstitucional la respuesta de la fiscalía especial y se pueda avanzar en lo relativo a los derechos de los medios de comunicación a participar en las investigaciones penales de agresiones a reporteros y colaboradores por su labor periodística.

Regina Martínez fue corresponsal de la Revista Proceso en Veracruz, donde documentó la corrupción, violencia del crimen organizado y violaciones a los derechos humanos en el estado. Por esta situación, sufrió amenazas, persecución y censura. El 28 de abril del 2012, fue asesinada en Xalapa, Veracruz.

RSF puntualizó que la investigación del asesinato de la periodista, iniciada por la entonces Procuraduría de Veracruz,  tuvo inconsistencias desde su inicio. A pesar de que las autoridades detuvieron a una persona que confesó ser el autor material e intelectual de este hecho, las organizaciones indicaron que se cometieron violaciones en el proceso y de derechos humanos, así como se estableció como única línea de investigación un crimen pasional y robo.

También, sostuvo que las indagaciones no tuvieron perspectiva de género ni de libertad de expresión, no obstante, la Procuraduría estatal dio por terminado el caso.

Por último, la organización llamó al Poder Judicial Federal valorar el marco constitucional sobre el derecho de víctimas u ofendidos del delito, ampliando el reconocimiento de la calidad de víctimas a medios de comunicación y colaboradores de periodistas víctimas de ilícitos.