Por: Redacción

Al ser considerados todos los servidores públicos de los Órganos Constitucionales Autónomos del INE, CNDH, IFETEL y COFECE trabajadores de confianza y, por ende, representantes de la parte patronal, aquellos que por su función deberían ser catalogados como trabajadores de base ven violados sus derechos laborales al estar limitados al goce de las garantías que como tales les corresponden, indicó el diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano.

Por ello, presentó la iniciativa para reformar los ordenamientos que rigen a tales Órganos Autónomos: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley Federal de Competencia Económica, a fin de cerrar la brecha a los regímenes de excepción que prevalecen en materia laboral en dichas disposiciones.

Explicó que el trabajador de confianza representa los intereses del patrón frente a otros trabajadores y realiza funciones o actividades específicas; es decir, son una excepción dentro de la empresa o dependencia.

“Buscamos que se elimine la disposición de que todos los servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica sean considerados trabajadores de confianza, ya que esta clasificación limita sus derechos laborales”, indicó.

Detalló que en mayo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece que: “El personal que preste sus servicios en el Instituto se regirá por lo dispuesto en los artículos 6º y 123, Apartado B de la Constitución. Dicho personal quedará incorporado al Régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, determinando que sólo “los trabajadores de confianza del Instituto quedarán sujetos al régimen establecido en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución.

Recordó que base del Decreto referido, fue el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados el 19 de abril, el cual introdujo, a lo largo del debate en el pleno, diversas modificaciones a la minuta enviada por el Senado de la República. Una de estas correspondió a la reserva que el suscrito presentó con relación a lo dispuesto en el artículo 23 de dicha minuta, según el cual, todos los trabajadores al servicio del INAI serían considerados, sin excepción, como trabajadores de confianza, es decir, se atendrían a lo dispuesto por la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 constitucional.

La consecuencia fundamental de esta “desatinada disposición”, agregó, “se encontraba en el terreno laboral, “pues el régimen previsto para los trabajadores de confianza sólo prevé los derechos a la seguridad social y a la protección del salario, por lo que la minuta del Senado excluía a un gran número de trabajadores del INAI del goce de diversos derechos individuales y colectivos, como los de igualdad, libertad de reunión y asociación, y seguridad jurídica, así como de las garantías sociales de permanencia en el empleo, igualdad de salario, profesionalización laboral, escalafón”, entre otras.

El Secretario de la Comisión de Gobernación sostuvo que, sin embargo, en las leyes que propone modificar y que rigen a otros órganos autónomos, prevalece una disposición “excluyente y arbitraria”, lo que genera una situación de inequidad entre órganos pares, jurídica y orgánicamente, por lo que es urgente su armonización con el resto.

Afirmó que “no es legal ni legítimamente plausible aplicar dos consecuencias jurídicas a una misma premisa fáctica: dotar a ciertos trabajadores de Organismos Constitucionales Autónomos de la protección más amplia de la ley laboral, y a otros, privarlos de ella”.

Toda ley reglamentaria debe respetar los lineamientos y garantías mínimas establecidas en la Constitución y en los Tratados Internacionales en materia laboral de los que México es parte, abundó.

La iniciativa, agregó Hernández Soriano, propone cerrar la brecha a los regímenes de excepción que prevalecen en materia laboral en las citadas leyes, armonizando el marco legal vigente, en lo que respecta a los Órganos Constitucionales Autónomos y recuperar, de esta forma, el principio de supremacía constitucional que es la pauta para que todas y todos los mexicanos podamos vivir en un país que se rija por los valores democráticos y por el imperio de la ley, la equidad y la justicia.