Por: Redacción 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) solicitaron en la Cámara de Diputados que se elaboren una base de datos para conocer las condiciones económicas y sociales de las mujeres rurales, quienes sufren un lacerante abandono y falta de reconocimiento, afirmó la diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez.

En un punto de acuerdo, destacó que no existen estudios específicos sobre la situación laboral de esta población y son pocos los indicadores que la refieran, alentando así la discriminación y la desigualdad, desde la negación de la titularidad de tierras hasta el acceso a semillas y falta de reconocimiento como productoras de bienes.

Por ello, la legisladora por Jalisco consideró necesario elaborar una base de datos que contribuya a tener una perspectiva integral de la mano de obra femenina en el agro, con el propósito de dar una igualdad de oportunidades que aliente su desarrollo, empoderamiento y se avance en la formulación de políticas más inclusivas.

Asimismo, dijo, establecer programas y acciones que promuevan la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales.

Señaló que en las evaluaciones del Banco Mundial con perspectiva de género son inexistentes los indicadores de México, debido a que las instituciones no reportan información de esta índole. El Estado mexicano, al omitir información estadística sobre la mujer en el agro, violenta sus derechos fundamentales y hace inoperantes todas las atribuciones establecidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que impide eliminar condiciones degradantes como la inseguridad alimentaria.

Flores Gómez aseguró que el Inmujeres sólo refiere las condiciones sociales, económicas y políticas de las mujeres campesinas e indígenas de forma teórica, sin establecer acciones concretas para mejorar la situación de este sector vulnerado por la pobreza.

“Los indicadores no son eficaces para tomar decisiones e impulsar el desarrollo de esta población, ya que son datos obtenidos de encuestas realizadas con otros fines estadísticos y los datos están desactualizados”.

Sostuvo que se requiere visibilizar y reconocer el papel que tienen las mujeres rurales como agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible, así como trabajar en programas y proyectos del gobierno federal para implementar acciones tendentes a apoyar los proyectos productivos, el crédito, la asistencia sanitaria y la educación dirigidos a mujeres del ámbito rural.

Uno de los problemas más recurrentes es la propiedad de la tierra y la identidad jurídica, resaltó la legisladora.

Por ello, continuó, se requiere reivindicar la aportación laboral de la mujer en la agricultura y ganadería, ya que la mano de obra no remunerada de esta población aumentó de 27.1 a 30.1 por ciento, de 2012 a 2014; en el caso de los hombres en ese mismo periodo, se redujo, de 72.9 a 69.9 por ciento.

En contraste, la mano de obra remunerada para ellas bajó de 14.2 a 13 por ciento, mientras que para los varones aumentó de 85.8 a 87 por ciento, de 2012 a 2014. “Es preocupante no encontrar una explicación certera de ambas tendencias”, lamentó.

Destacó que las mujeres del agro sufren todas las desventajas de la invisibilización y nulificación de su trabajo, traducidas en “falta de apoyos institucionales y discriminación machista en las cooperativas y organizaciones rurales”.

Precisó que no existe un índice sobre el total de mujeres titulares de la tierra; cuántas laboran en la agricultura y ganadería, y cuántas son jefas de familia o forman parte de algún comité o juntas ejidales. Se desconoce el número de campesinas que ha tenido acceso a un crédito, capacitación, y cuáles son las ramas en las que trabajan.

“Es necesario enfatizar el papel de las mujeres en el campo nacional, para reconocer que su rol no se limita únicamente al cumplimiento de las actividades domésticas y aquellas sumamente arraigadas culturalmente como el de madre-cuidadora, ya que su trabajo va más allá”.

Ellas, agregó, se consolidan como población económicamente activa dedicada a la agricultura, asegurando incluso la alimentación del hogar y aumentando los niveles de vida de la familia en general.

Refirió que en el sector primario laboran cinco de cada 100 mujeres ocupadas del país; sin embargo, esta proporción no necesariamente refleja la realidad, pues las actividades que realizan las mujeres suelen considerarse como una extensión del trabajo doméstico, por lo que su participación no se cuantifica adecuadamente.

Para concluir, comentó que la Encuesta Nacional Agropecuaria del año 2014 señala que la participación femenina en esas actividades se incrementó 11.9 por ciento entre 2012 a 2014, mientras que para los hombres ha disminuido 1.8 por ciento en el mismo periodo.

Esto, explicó, es atribuible a la migración varonil y a la falta de formalización del trabajo de las mujeres; a la negación de un contrato o por considerar su labor como “ayuda” y no como proveedora principal de la familia.