Por: Redacción

El senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro solicitó a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) diseñar una estrategia para fortalecer la inspección y vigilancia de las regiones con mayores índices de pesca ilegal en litorales del país, específicamente en el Golfo de California y la Región Pacífico Norte, en el estado de Baja California Sur.

Mediante un punto de acuerdo, el legislador aseguró que “nuestro país es vulnerable a este fenómeno por la amplia extensión de su litoral y por la composición de su flota pesquera, con más de 100 mil embarcaciones menores o pangas, cuya actividad es sumamente difícil de supervisar”.

Uno de los problemas más graves que enfrenta el sector y que reduce significativamente su competitividad es la pesca ilegal, de acuerdo con el estudio “La pesca ilegal e irregular en México”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo.

Dicha investigación indica que en México la pesca ilegal equivale a cerca del 60 por ciento de la producción nacional reportada.

“Ello genera distorsiones en los precios y desincentiva las inversiones en el sector, lo que afecta principalmente a los productores legales y responsables, quienes tienen que competir en condiciones desfavorables”, afirmó el legislador por Baja California Sur.

Debido a este flagelo, el sector pesquero mexicano ha perdido competitividad en los últimos 20 años, pues a pesar de tener capturas más o menos estables, su participación en el PIB nacional es del 0.06 por ciento y ha venido decreciendo en los años recientes, de acuerdo con el estudio.

La investigación también refiere que otras consecuencias de dicha problemática son la sobreexplotación de los recursos naturales, el daño a ecosistemas críticos, la pérdida de valor en el mercado y los conflictos entre pescadores regulares e irregulares.

Por otro lado, señala, se obtienen mayores ganancias económicas por la pesca ilegal, pues de acuerdo con los testimonios recabados para la realización del estudio, un pescador legal captura entre 5 y 6 kilogramos de camarón en una jornada de trabajo, mientras que uno ilegal pesca durante la noche aproximadamente 12 kilogramos.

Para el senador de Acción Nacional, “esta dinámica genera un ciclo vicioso, pues por un lado los pescadores pierden ingresos por una menor pesca, pero a la vez enfrentan mayores costos de producción. Esto provoca que la autoridad implemente nuevos controles sin crear soluciones de fondo, lo que a su vez hace que más pescadores se conviertan en ilegales para mantener su ingreso”.

La investigación del IMCO también indica que entre las principales causas de la pesca ilegal se encuentran un marco regulatorio complejo y poco conocido, la falta de vigilancia, la corrupción, las bajas barreras económicas de entrada al sector y la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

Ante ello, es claro que se requieren estrategias urgentes e integrales para hacer frente al lastre que representa la pesca ilegal, con un tamaño potencial estimado en cerca de 60 por ciento de la producción, consideró el senador panista.