Por: Redacción/

El diputado Julio Saldaña aseguró que los temas que han quedado pendientes en el Congreso, se debieron a la negativa de discusión de los legisladores del PRI y del PVEM para evitar su costo político en las próximas elecciones.

Agregó que “no tenemos procurador de justicia, ni fiscal de delitos electorales, como tampoco fiscal anticorrupción, ni los magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción, pero sí muchos casos que siguen sujetos a investigaciones interminables y que requieren de justicia”.

Resaltó: “están los casos de las empresas Odebrecht y OHL, implicadas en el financiamiento de campañas del PRI a cambio de jugosos contratos públicos, o el saqueo de PEMEX también para favorecer a ese partido, la investigación hecha Mexicanos Contra La Corrupción y Animal Político, conocida como La Estafa Maestra, los malos manejos de recursos públicos de Emilio Lozoya, Rubén Moreira, Roberto Borge, Javier Duarte y César Duarte, todos priistas, hicieron durante su encargo, infinidad de flagelos a la comunidad periodística, así como numerosas víctimas de otros delitos que deben ser castigados”.

El diputado perredista lamentó que por falta de responsabilidad y voluntad política del PRI y de su partido satélite, exista una crisis institucional en la procuración de justicia, sin embargó celebró que el Senado aprobará ayer la minuta de la Cámara de Diputados para eliminar el pase automático de procurador a fiscal.

“Pero vamos por más, los legisladores del frente tenemos el compromiso con los ciudadanos para que se haga justicia” añadió.

Por ello, exhortó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado a que designe cuanto antes al Fiscal de Delitos Electorales para que en las elecciones del 2018 se garantice la equidad, la legalidad y la transparencia en las mismas, así como a que la Junta designe al fiscal anticorrupción.

Refirió que también quedan pendientes por aprobar los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargados de sancionar las faltas graves administrativas de servidores públicos y particulares que hayan incurrido en corrupción “que insistimos en la necesidad de un proceso abierto y transparente a la ciudadanía.”