Por: Redacción

Indispensable reconocer en la Constitución a 1.4 millones de afrodescendientes y aplicar políticas públicas que reconozcan sus derechos y promuevan su desarrollo integral; la mayoría enfrenta discriminación pobreza, marginación y se encuentran totalmente invisibilizados, afirmaron legisladoras, funcionarios y representantes de asociaciones civiles.

Durante el foro “Logros y desafíos para la atención a afrodescendientes de México y América Latina”, la integrante de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Maricela Contreras Julián (PRD), dijo que 1.2 por ciento de mexicanos sufre indiferencia, discriminación e invisibilidad por ser descendientes de esclavos traídos de África, ya que aún no son reconocidos como minoría y negándose con ello su existencia.

Comentó que la historia de la población negra ha sido negada y borrada a pesar de sus contribuciones a Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Coahuila, entidades donde se ubican los más altos índices de marginación.

“Se olvida que José María Morelos y Pavón, Vicente Gurrero y Lázaro Cárdenas tuvieron ascendencia africana y que parte de nuestra cultura como la música jarocha, el fandango o los carnavales tienen influencia africana así como la comida”, afirmó.

Por el contrario, existe una tradición por parte de nuestras instituciones en negar realidades, lo que se ha traducido en una plena violación a los derechos humanos que limita el desarrollo de todas las personas.

En el caso de los negros, jarochos, costeños, mascogos, como se denomina a los afromexicanos, esa invisibilidad se traduce en no ser sujetos de derechos plenos como minorías al no ser reconocidos en la Constitución.

Ante ello, continuó, este espacio nos obliga a realizar acciones concretas que erradiquen prácticas discriminatorias en todos los sentidos, no sólo en las normas, sino en la aplicación de políticas públicas que garanticen sus beneficios y derechos.

El reto que tendremos como Poder Legislativo, de acuerdo con el Quinto Encuentro de Parlamentarias, Parlamentarios y Líderes Afrodescendientes, que se realizó el pasado agosto, es vencer esas barreras culturales e institucionales que se empecinan en negar una realidad y reconocer sus derechos.

“Estoy segura que después de escuchar este informe podremos hacer una agenda que nos permita continuar acciones realizadas en legislaturas anteriores, a fin de que puedan ser consideradas para evitar la discriminación”, agregó Contreras Julián.

La diputada constituyente, Tobyanne Ledesma Rivera (PRD), consideró fundamental que los jóvenes afrodescendientes sean tomados en cuenta porque existe “debilidad legislativa en toda la región de América Latina y en México en materia de sus derechos, aunado a la cuestión del género y diversidad sexual”.

Comentó que no se cuenta con una Ley General de juventudes, ni se tienen los mismos estándares para proteger jurídicamente a las y los jóvenes. “Este vacío jurídico ha generado que no exista una protección desde el Estado mexicano como titulares de derechos”.

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no existe una visitaduría específica para los jóvenes, por lo que son mayores víctimas de violencia, desaparición y discriminación laboral; si a ello se suma la población de jóvenes afrodescendientes “es mayor la discriminación que, incluso, es difícil detectar ya que las encuestas no cuentan rangos específicos para este sector de la población”.

Ledesma Rivera resaltó que al no ratificar la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes, México no cuenta con un marco jurídico para proteger los derechos de jóvenes, que al firmarlo se daría apoyo a la juventud afrodescendiente porque en dicho documento viene estipulado el reconocimiento y auto-adscripción de estas personas.

“Sin embargo, ante la falta de ratificación del mismo, las y los jóvenes afrodescendientes estamos más expuestos al desempleo, falta de educación y al acceso a la salud integral; existe un alto margen de embarazos adolescentes, de pobreza y de discriminación”, añadió.

El coordinador de asesores del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Hernán Gómez Bruera, precisó que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con las comunidades afrodescendientes. “Por demasiados años permanecimos omisos en torno a sus aportaciones culturales, sociales, económicas y políticas, todas cruciales para el desarrollo económico del país”.

Hasta el año pasado, acotó, México no tenía conocimiento de cuántas personas pertenecen a este sector de la población y en dónde estaban porque los censos no incluían preguntas para identificar a estas personas. “Es una cuestión de invisibilidad inaceptable en una democracia, las omisiones han facilitado un proceso estructural de discriminación”, subrayó.

Ignorar las circunstancias particulares de los afrodescendientes, ha facilitado que tanto en la sociedad como en las instituciones permeen perjuicios en torno a ellas y vulneren sus derechos de manera sistemática, más aún cuando son limitadas las políticas que buscan promover el desarrollo de las y los afrodescendientes.

Mientras cualquier sector de la población enfrente obstáculos en el ejercicio de sus derechos, todo prospecto de desarrollo estará severamente limitado. Es fundamental plantear un mapa de ruta y resumir en dónde estamos para saber qué nos falta por hacer. Ante ello, los esfuerzos del gobierno federal y del Congreso en la materia se enmarcan bajo una ambiciosa agenda internacional.

Destacó que en el Senado de la República se encuentran dos iniciativas para reconocer constitucionalmente a las comunidades afrodescendientes como uno de los sustentos de la pluralidad de la nación mexicana. Estas reformas pretenden que, a nivel federal, se reconozcan los derechos afro y se señale la obligación que tiene el Estado de impulsar políticas que promuevan su desarrollo como ocurre en los pueblos y comunidades indígenas.

Informó que el año pasado la encuesta intercensal incluyó por primera vez una pregunta sobre autoidentificación de las personas afrodescendientes, lo que representa un avance fundamental al permitir atender recomendaciones que México había recibido por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Aunado a ello, permitirá generar programas y políticas que promuevan un desarrollo social y equitativo, así como la realización de los derechos de estas personas que enfrentan racismo, discriminación, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.

De la Fundación Afromexicana Petra Morga A.C., Teresa Mojica Morga, dijo que “a más de 500 años de su llegada a América a los afrodescendientes no se les garantizan sus derechos plenos, sufren discriminación, pobreza, marginación y están totalmente invisibilizados”.

Expresó que en América Latina existen más de 200 millones de afrodescendientes que aún no cuentan con suficientes oportunidades de desarrollo social y económico, a pesar de los acuerdos firmados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los esfuerzos hechos desde la Organización de los Estados Americanos (OEA), aunado a que los avances legislativos y gubernamentales son pocos.

Aunque existen marcos legales nacionales e internacionales para asegurar el ejercicio de los derechos humanos, la aplicación de las leyes, políticas públicas y disposiciones para los afrodescendientes son débiles, por lo que es importante visibilizar cómo se asume esta población, su papel en los procesos de desarrollo y cómo se ha estructurado la agenda del movimiento afro.

Asimismo, es necesario realizar campañas en contra del racismo y reconocer las contribuciones que ha hecho esta población alrededor del mundo, así como generar programas de desarrollo y campañas que permitan su visibilización y garanticen sus derechos humanos.

Mojica Morga comentó que en el marco del Decenio Internacional Afrodescendiente, declarado por la ONU, es preciso avanzar en el reconocimiento constitucional pleno de los afrodescendientes en los diferentes niveles de gobierno, crear secretarias o dependencias que atiendan esta población, así como programas que les garanticen empleo, salud, educación y vivienda, conservar su patrimonio, historia y cultura.

Sobre los resultados del Quinto Encuentro de Parlamentarias, Parlamentarios y Líderes Afrodescendientes, Narda Swaby Campbell, señaló que es importante establecer una agenda política para el 2025, ya que el documento acordado en dicho evento precisa la necesidad de reforzar el desarrollo de medidas de cooperación a nivel nacional e internacional que permitan el disfrute a plenitud de los derechos económicos, culturales, civiles, y políticos de los afrodescendientes y participen en igualdad de condiciones.

Lo que nació de este encuentro, dijo, fue lo que se llamó “la proclama de la libertad” en donde se asumen compromisos para promover, respaldar y exigir acciones concretas a favor de las comunidades afrodescendientes, además de respaldar sus organizaciones sociales y políticas a nivel local, nacional e internacional.

De la Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual, Gloria Careaga Pérez consideró que “es importante no sólo mirar como expresamos nuestro racismo cotidianamente, muchas veces sin darnos cuenta, sino también afianzar iniciativas en contra de este mal que impera en nuestro país”.