• Documenta manifestó su preocupación por el ingreso de la Guardia Nacional al Cefereso 14, por lo que solicitó brindar información sobre la participación de la corporación en materia de seguridad penitenciaria.

Por: Oscar Nogueda/

La organización Documenta A.C llamó a las autoridades penitenciarias a respetar los derechos de las personas privadas de la liberta del Cefereso número 14 en Gómez Palacio, Durango. Asimismo, destacó que debe existir una comunicación clara de la situación en la que se encuentran las personas  por parte de las autoridades mexicanas.

Ante la denuncia de familiares de personas privadas de la libertad del Cefereso número 14 sobre malos tratos, incomunicación y violaciones a los derechos humanos, la organización recordó que este centro de detención obtuvo una calificación de 7.37 en el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020.

Además, el diagnostico reveló que el Cefereso se encuentra en deficientes condiciones materiales  y de higiene en las instalaciones, falta  de personal de seguridad y custodia, de actividades laborales y educativas. También, presenta una  insuficiencia en las vías de remisión de quejas de posibles violaciones a los derechos primordiales.

“Familiares de personas privadas de la libertad dentro de este espacio han denunciado que actualmente las condiciones son violatorias de derechos humanos, sin acceso a una alimentación adecuada como forma de castigo y, además, que sus familiares han sido despojados de sus vestimentas  y con el aire acondicionado apagado por el día cuando hace calor, y encendido por  la noche, cuando desciende la temperatura”, manifestó Documenta.

Documenta manifestó su preocupación por el ingreso de la Guardia Nacional al Cefereso 14, por lo que solicitó brindar información sobre la participación de la corporación en materia de seguridad penitenciaria e investigar posibles actos de uso excesivo de la fuerza contra personas privadas de la libertad.

Igualmente, pidió  transparentar las actividades reportadas por los familiares, tales como traslados de personas y quema de expedientes. Asimismo, llamó a las autoridades a adoptar medidas que aborden las problemáticas de fondo que permiten las violaciones a los derechos humanos.

“El Estado mexicano tiene el deber de proteger y respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que, por esta condición, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”, finalizó Documenta.