Por: Redacción/

Debido a que la Ley de Seguridad Interior y la consulta popular sobre seguridad impuestos por el PRI, el PVEM y sus aliados constituyen un riesgo para los ciudadanos nacionales y extranjeros, el diputado Francisco Xavier Nava Palacios confió en que las acciones de inconstitucionalidad que impugnen ambos ordenamientos se resuelvan a la brevedad.

Consideró que evidentemente esos partidos hicieron un mal cálculo al aprobar esas leyes, sea por atender a los intereses de seguridad nacional del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos o sea porque pretenden aplicarlas autoritariamente con miras a influir en el proceso electoral en curso.

Calificó de muy lamentable que se trabaje en función de cálculos y estrategias político-electorales o de intereses de gobiernos extranjeros -como podría ser el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte en una especie de concesión del gobierno de Enrique Peña Nieto al de Trump para la supuesta seguridad nacional de Estados Unidos-, cuando lo que está en juego es la seguridad de los mexicanos.

Por lo tanto la sociedad está en riesgo –dijo Nava Palacios- porque el PRI-gobierno, en un mal cálculo político-electoral y de renegociación del TLCAN, cree que con tener manga ancha para usar discrecionalmente a las fuerzas armadas durante los comicios del 2018 o por hacerle un favor al gobierno de Estados Unidos, podrá retener el poder otro sexenio, pero esto es incierto.

Entonces también es incierto en manos de quién quedarán estos mecanismos, instrumentos, falta de controles y libertades desbocadas que se dan a las fuerzas armadas. “No sé si hacen un cálculo político, pero si piensan que ellos –el PRI, el PVEM y sus aliados- tienen alguna posibilidad, se me hace que están perdidos”, puntualizó el diputado del Sol Azteca.

Señaló que, en todo caso, prolongar la estrategia fallida de la guerra contra el crimen organizado mediante la violación sistemática a los procedimientos legislativos es otra muestra de autoritarismo y de falta de democracia interna que dibuja de cuerpo entero a los legisladores del PRI, el PVEM y sus aliados a nivel nacional.

Nava Palacios, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, confió en que los diputados y senadores de esos partidos hayan previsto realmente las posibles consecuencias de imponer la Ley de Seguridad Interior y la Consulta Popular sobre Seguridad y en que, en todo caso, las acciones de inconstitucionalidad contra ambos ordenamientos de resuelvan a la brevedad porque de lo contrario podría sobrevenir una catástrofe social.

Al respecto, recordó que lo primero que hizo Miguel Álvarez Gándara al recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos, fue proponer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos utilizar sus atribuciones para presentar acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los dos ordenamientos.

Los mismos senadores y diputados integrantes del Congreso de la Unión, así como el Instituto Nacional Electoral –en cuanto a la constitucionalidad de la consulta popular sobre seguridad- tienen facultades para controvertir ambas imposiciones de priistas-pevemistas ante el Poder Judicial y seguramente lo harán, concluyó.