Por: Redacciòn/

El diputado Erick Arturo Figueroa Ovando presentó ante la Comisión Permanente del Congreso, un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (SCT), al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, (Banobras) y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, (CAPUFE), para que suspendan la licitación pública nacional para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios a privados, de las autopistas que integran el Paquete Sureste, en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas.

Actualmente en estos tramos se cuentan con ocho plazas de cobro, que generan un ingreso aproximado diario de 5 millones 250 mil pesos, lo que representa un ingreso anual de mil 916 millones 250 mil pesos, detalló el parlamentario.

Cabe señalar que CAPUFE es una de las empresas más rentables de nuestro país, pues de acuerdo con un comunicado de la SCT, hasta 2015 ostentaba el lugar 96 de las 500 empresas más importantes del país, por encima de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con estimaciones del Sindicato Nacional de Caminos y Puentes, se calcula que con la licitación otorgada, unos 600 empleos directos se estarían perdiendo en las entidades donde serán privatizadas las autopistas y esto impactará en la economía familiar; además de ello, el impacto negativo también alcanzaría la economía estatal y local, pues CAPUFE destina un porcentaje de sus recursos a los municipios y estados donde están ubicados estos tramos carreteros.

El legislador del Sol Azteca señaló que los estados que comprende el Paquete Sureste cuentan con el mayor índice de pobreza, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y aunado a ello, en recientes fechas padecieron los estragos por el terremoto de mayor intensidad de nuestra historia, lo que significó que la gente se sometiera en un estado de vulnerabilidad social y económica mucho mayor.

“Las acciones privatizadoras que se pretenden emprender, sólo ocasionarán mayores perjuicios económicos y sociales, pues lo que se pretende es mantener empleos con mano de obra barata y con poca seguridad social, así como también con precarias prestaciones laborales. No lo quieren ver, pero lo único que están ocasionando es daño a cientos de familias que dependen de su fuente laboral, y a largo plazo, un irreparable daño a la economía de municipios, estados y del mismo gobierno federal”.