Por: Redacción

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México a que instalen de manera permanente, en un plazo no mayor a 90 días, el Consejo de Honor y Justicia del Sistema Penitenciario con la finalidad de contener y castigar actos de corrupción y abusos en que incurra el personal de seguridad y custodia de las cárceles de la capital del país.

En un punto de acuerdo aprobado por el pleno, los legisladores conminaron a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, y al subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruiz Ortega, a poner en marcha el citado Consejo, que es el órgano colegiado competente para conocer, investigar, substancias y resolver sobre los actos u omisiones irregulares en los que incurran las autoridades penitenciarias en el sistema carcelario de la ciudad.

“Es necesario que órganos como el descrito sean instalados de manera permanente, sobre todo en instituciones que tienden a ser potencialmente sitios focalizados de corrupción y de abusos de autoridad como lo es el Sistema Penitenciario del Distrito Federal”, aseguró.

Al presentar la iniciativa, la vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa, Rebeca Peralta León, dejó en claro la necesidad de que las autoridades deben respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

De acuerdo al Artículo 130 de la Ley de Centro de Reclusión para el Distrito Federal, precisó, en todo momento se promoverá el respeto a las garantías individuales y derechos humanos del personal, tanto de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario como de los centros de reclusión de la ciudad.

“La corrupción se encuentra inmersa en la maquinaria institucional del país, y un lugar donde se focaliza ésta y el abuso de autoridad es el Sistema Penitenciario del Distrito Federal”, reforzó.

Consideró que “la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso del poder, de funciones o de medios para sacar algún provecho, mientras que el abuso de autoridad se presenta cuando se realizan prácticas de intercambio en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, jerarquizada y desigual, práctica que comúnmente viola los derechos humanos de quienes están privadas y privados de su libertad en los diferentes centros penitenciarios”.

De acuerdo con la organización no gubernamental a nivel mundial, Transparency International, México ocupa el lugar número 95 de un total de 168 países, mientras que al compararlo con 26 países del continente americano se ubicó en el lugar número 15, en materia de corrupción dentro del sector público, añadió.

“Económicamente la corrupción a México le cuesta la pérdida de 100,000 millones de dólares anuales, cifra que según estimaciones del Banco Mundial se traduce en 9% del Producto Interno Bruto cada año”, agregó.

La diputada Rebeca Peralta recordó que para evitar actos de corrupción en el sistema carcelario en agosto de 2014 se reformó la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal y se creó la figura del Consejo de Honor y Justicia del Sistema Penitenciario del Distrito Federal.

Comentó que entre las atribuciones que tiene el Consejo de Honor y Justicia se encuentran: conocer y resolver sobre las faltas en que incurran el personal Técnico en Seguridad; resolver sobre la suspensión temporal y la destitución de los elementos; otorgar premios y estímulos a los que se refiere esta Ley, con arreglo a la disponibilidad presupuestal; y promover la capacitación y actualización de los servidores públicos adscritos al Consejo.