Por: Karen López

Como resultados preliminares de una serie de trabajos de gabinete y campo realizados al proyecto Malecón Tajamar Cancún, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que hasta el momento no se han encontrado indicios de la existencia de daños ni responsabilidad ambiental atribuible al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).

Esto, debido a que las acciones realizadas por FONATUR en el manglar Tajamar el pasado 16 de enero se llevaron a cabo bajo autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), las cuales fueron otorgadas teniendo en cuenta que el predio autorizado no está considerado sitio RAMSAR ni se encuentra dentro del  Área Natural Protegida (ANP) Sistema Lagunar Nichupté.

Hasta el momento la evidencia que se ha obtenido corresponde a un presunto daño, del cual se hace responsable a la empresa BI & DI REAL ESTATE DE MÉXICO S.A. DE C.V., por realizar acciones de desmonte de vegetación forestal sin contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, Estudio Técnico Justificativo, ni con proyectos ejecutivos validados por la SEMARNAT.

Se informó que para poder seguir con la construcción de los proyectos en el predio, SEMARNAT desplegará nuevas autorizaciones, tanto al amparo de la legislación hoy vigente y en congruencia con las demás disposiciones estatales y municipales.

Por su parte, la PROFEPA continúa con la realización de inspecciones al proyecto así como con la revisión de los términos y condicionantes de las autorizaciones otorgadas por la SEMARNAT al proyecto Malecón Tajamar Cancún. A su vez, establecerá y ordenará a FONATUR para que concluya con el programa de rescate de la fauna silvestre observada en la inspección efectuada el pasado 26 de enero.

También, continuará con los procedimientos para determinar la responsabilidad ambiental y administrativa de la empresa BI & DI REAL ESTATE DE MÉXICO S.A. DE C.V., y mantendrá su coadyuvancia  con la Procuraduría General de la República (PGR) para la determinación de la responsabilidad penal que corresponda, por delitos contra la biodiversidad.