Por: Redacción

Las mujeres detenidas en México por fuerzas seguridad de distintos niveles de gobierno son sometidas a prácticas de tortura, incluida la violencia sexual, con objeto de obtener confesiones que las inculpen y así elevar las cifras de capturas para hacer ver que están combatiendo a la delincuencia organizada. Sus casos, “dibujan un cuadro absolutamente escandaloso” y las autoridades mexicanas “parecen decididas a mantener oculto este asunto”, señaló Amnistía Internacional (AI).

“La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

Con base en una investigación desarrollada por la organización de derechos humanos internacional, 100 mujeres detenidas en el país y recluidas en prisiones federales afirmaron haber sufrido tortura, algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o e miembros del ejército y la marina.

La mayoría de ellas dijeron haber sufrido tocamientos, manoseos y otros abusos sexuales, así como palizas y descargas eléctricas durante el arresto y el interrogatorio.

Según su relato, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.

Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones.

Prácticamente todas las mujeres han sido acusadas de delincuencia organizada o de delitos relacionados con las drogas, y muchas de ellas fueron presentadas ante los medios de comunicación como “criminales” inmediatamente después de haber sido obligadas a “confesar” los delitos.

AI subrayó que las mujeres procedentes de entornos marginados “son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, ya que las autoridades las consideran “objetivos fáciles”; además hay menos probabilidades de que pueda costearse una defensa efectiva.

Impunidad, “peligroso mensaje”.

Para Amnistía Internacional, las instituciones encargadas de la procuración de justicia (ministerios públicos y tribunales de México) “siguen sin investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura por funcionarios públicos”.

Su investigación refiere que tan sólo en 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos ante las comisiones local y nacional de derechos humanos de todo el país, donde 8 mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y 3 mil 618 eran mujeres.

En el caso particular de la la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ésta ha emitido decenas de recomendaciones sobre la tortura y otros malos tratos en los últimos años; sin embargo “su número palidece” en comparación con el de denuncias que ha recibido: entre 2010 y 2015, recibió 7 mil 48 denuncias de tortura u otros malos tratos y sólo emitió 62 recomendaciones. Además, no suele entregar a las víctimas una copia de su expediente ni asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.

A nivel federal, entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones. “De los miles” de denuncias por tortura presentadas en dicho ámbito desde 1991, sólo 15 han tenido fallos condenatorios federales.

Por su parte, el Ejército informó por escrito a AI que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. Mientras que la Marina informó que sólo cuatro de sus elementos habían sido suspendidos en el mismo periodo, y uno más condenado a prisión por abusos sexuales sólo fue apartado temporalmente del servicio, lo que le permitiría reincorporarse a su puesto una vez cumplida la pena de cárcel.

“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Erika Guevara-Rosas.

Los relatos de las mujeres entrevistas arrojan que no reciben la asistencia médica y psicológica adecuada tras haber sufrido la violencia.

Amnistía Internacional sugirió una serie de medidas que las autoridades deben adoptar para prevenir el problema de la violencia sexual y la tortura de mujeres:

Recientemente se ha establecido un nuevo Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra las Mujeres adscrito a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, en los nueve meses transcurridos desde su creación, ha permanecido inactivo y no ha hecho ningún avance en ninguno de los tres únicos casos que se han presentado ante ella. Debe hacer avances concretos en la investigación de los casos que se le presentan.

El Congreso mexicano está debatiendo actualmente un proyecto de Ley General sobre la Tortura largamente aplazado. Aunque se han introducido elementos positivos, los legisladores deben reformar las disposiciones pertinentes para reforzar la norma de la inadmisibilidad, según la cual todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos deben ser excluidas de las actuaciones penales excepto en las causas contra un presunto autor de tortura u otros malos tratos, como prueba de que se ha cometido la tortura.

Sin acceso a información.

Amnistía Internacional denunció que las autoridades mexicanas les negaron el acceso a “información crucial” en el curso de su investigación. La Secretaría de Gobernación (Segob) “impidió a la delegación de Amnistía Internacional el acceso a un gran número de mujeres bajo custodia y, en algunas ocasiones, la entrada en un centro penitenciario. Además, representantes del Ejército y la Marina rechazaron las solicitudes de Amnistía Internacional para tener reuniones”.

“Cuesta creer el afán con que México encubre su crisis nacional. En lugar de intentar encubrir miles de casos de tortura y otros malos tratos, las autoridades deberían centrar sus energías en garantizar la erradicación definitiva de la tortura garantizando el enjuiciamiento de los responsables y reparaciones adecuadas a las víctimas”, afirmó Erika Guevara-Rosas.