Por: Redacción

Es urgente reformar la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) para eliminar las graves deficiencias de este sistema, lo cual ha derivado en el consecuente incremento de la incertidumbre y desconfianza de la población hacia las autoridades, aseguró el senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca.

Al presentar iniciativa de reforma para modificar los artículos 2, 3, 4 y 13 de dicha ley, Cárdenas Fonseca sostuvo que para encontrar un desaparecido en México se enfrentan múltiples obstáculos y mínimos apoyos de las autoridades, lo que no se puede tolerar más en un país en el que, durante los últimos 10 años, desaparecen a diario siete personas.

“Es práctica diaria que las familias de las víctimas se topen con paredes normativas y burocráticas que nada o muy poco hacen por auxiliarlas o apoyarlas, por el contrario frenan su búsqueda o la obstaculizan”, enfatizó.

Además, el senador aseguró que actualmente el RNPED no refleja certeza en sus registros, pues no incluye a las personas que ya fueron localizadas; no da cuenta de casos que carecen de denuncia ante la autoridad y con respecto de los hechos que constan en el fuero federal; además, sólo contempla las averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2014 y 2015.

Refirió que la “pobre calidad de la información que integra el Registro” se evidencia en el ejercicio realizado por la organización “Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila”, cuyos resultados mostraron que de un total de 147 casos que tienen averiguación previa en la PGR, sólo 23 están registradas en el RNPED, “es decir que de acuerdo con este parámetro, la base de datos oculta el 84 por ciento de los casos de desaparición”.

Fonseca refirió que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU externó, desde el año 2015, su preocupación por la falta de reglamentación de la ley en mención, pues el RNPED no diferencia entre las desapariciones perpetradas por particulares y las forzadas, es decir, aquellas que son obra de agentes del Estado o de personas o grupos que actúan con su autorización o apoyo.

Por esta razón, los expertos de la ONU recomendaron a México contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que, como mínimo, refleje de forma exhaustiva y adecuada todos los casos, al contemplar datos como sexo, edad, nacionalidad, así como lugar y fecha de desaparición; y que incorpore datos que permitan determinar si se trata de una desaparición realizada por particulares o por agentes del Estado.

Propuso además que el RNPED incluya información clave que ayude a identificar a personas desaparecidas, como información genética (ADN) de familiares de la víctima, así como la estandarización de los criterios para identificar y recabar los datos para las distintas agencias del Ministerio Público, comisiones de derechos humanos, morgues y otras instituciones relevantes, pues solamente de esta manera se puede asegurar la utilidad del sistema.

El legislador independiente propuso también reformar el artículo 16 de la Constitución, con el objetivo de eliminar el arraigo durante el proceso de investigación penal, basándose en el argumento de que la Constitución establece, como un principio básico para la procuración e impartición de justicia, el principio de la presunción de inocencia.

“Es decir, nadie puede ser tratado como si fuese culpable, hasta que no le sea demostrado por parte de la autoridad, principio que en la mayoría de los casos no es respetado”, señaló sobre la iniciativa que se turnó a comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.