Por: Redacción 

Rocío Miranda Pérez, Presidenta de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, hizo un llamado al Gobierno Federal para que atienda las recomendaciones de la FAO e impulse la agricultura familiar porque ante la crisis económica que padece la nación y la creciente pobreza, es la única vía para reducir los altos índices de pobreza alimentaria y la desnutrición.

Además, no hay que olvidar que la mujer rural tiene un papel importante en la soberanía alimentaria del país ante la migración varonil del campo, sin embargo no es valorado, y su es pagado un 75% menos que el trabajo que realizan los hombres.

También para la UFIC está claro que, dijo, mientras no se bajen los precios de los alimentos donde el pago al productor es mínimo y el intermediario es el que más gana, se frustrarán todos los esfuerzos para erradicar el hambre y la pobreza extrema, a menos que se tomen medidas para garantizar unos ingresos y medios de vida dignos para los pequeños productores, incluyendo a las mujeres.

Se debe insistir en que los bajos precios de los alimentos reducen los ingresos de los agricultores, especialmente de los campesinos familiares pobres que producen los alimentos básicos. Esto corta el flujo de dinero en efectivo en las comunidades rurales y disminuye los incentivos para nuevas inversiones en producción, infraestructuras y servicios.

En el campo la pobreza es lacerante pero en pleno siglo XXI esta pobreza tiene cara de mujer ante la feminización del medio rural debido a la falta de un relevo generacional y el creciente abandono del agro por parte de las nuevas generaciones que arriban diariamente a las ciudades de nuestro país así como de la Unión Americana, dejando a las féminas a cargo de la tierra, de la cultura, de los valores y de los infantes quienes también comparten el rostro de la pobreza.

Aquí la mujer rural en la agricultura familiar y desarrollo de las economías regionales es un factor determinante sin embargo los poco programas que podrían beneficiarles están impregnados de burocracia y manipuleo en los procesos electorales donde incluso el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) está en proceso de fracasar en esta administración

Si bien las microfinanzas son una herramienta para superar la pobreza rural y la inseguridad alimentaria, lo cierto es que según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, solamente el 38% de la población en México tiene algún producto de ahorro o crédito de las instituciones financieras formales.

Por ello, es difícil que los pequeños productores puedan entrar a círculos de producción de excedentes, canales de comercialización y acceso a servicios financieros, con una base sólida de protección social, que garantice la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, como lo recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Para nosotros, la mujer indígena y rural debe formar parte de una red de almacenamiento rural que reúna controles de calidad, inventarios homólogos, ubicaciones estratégicas, infraestructura adecuada y vínculos con el sistema financiero.

Lo anterior se demuestra con cifras ya que de acuerdo con cifras del INEGI, el 83.25 de los productores rurales no tiene acceso a los créditos gubernamentales, mientras que la FAO reporta que el 58.2 por ciento se encuentra en condiciones de pobreza y pobreza extrema pero ninguna de las dos instancias especifica cuántas son mujeres.

También no hay que olvidar que en el campo hay 11 millones de mujeres que se dedican a trabajar la tierra, sin embargo solamente el 10% de ellas tienen acceso al financiamiento, y solo el 5% reciben asistencia técnica.

Cabe recordar que en México existen 55.3 millones de mexicanos en condición de pobreza considerando que se cataloga a una persona como pobre cuando sus ingresos mensuales son inferiores a 2 mil 542.13 pesos en zonas urbanas y a mil 614.65 pesos en zonas rurales además tienen, en promedio 2.3 carencias sociales.

De tal suerte que no hay democracia representativa que valga sino hay democracia económica en 2017 para las mujeres indígenas, campesinas y urbanas de las periferias más pobres del país pues el presupuesto para este sector es “racista” y excluyente.

Lo que sí es evidente, dijo, es que para el Gobierno Federal los campesinos e indígenas, a pesar de representar el 65 por ciento de la producción de auto consumo, no son importantes de tal suerte que es responsabilidad del Gobierno Federal atender al sector porque la mujer “es palanca para la erradicación de la pobreza”.