Por: Redacción

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó en sus términos el dictamen de la minuta del Senado sobre las observaciones parciales del Ejecutivo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3).

La sesión de la comisión inició a las 09:50 horas y su presidente, Rogerio Castro Vázquez (Morena), informó que se presentaban dos propuestas, una con cambios y otra en los términos en que llegó la minuta del Senado de la República, la cual avala la propuesta del Ejecutivo federal.

Por mayoría, en votación económica, se rechazaron los cambios y se aprobó que se discutiera en los términos en los que llegó a San Lázaro.

Fijaron la posición de sus grupos parlamentarios, los diputados Guadalupe Hernández Correa (Morena), Pedro Luis Noble Monterrubio (PRI), María Candelaria Ochoa Ávalos (MC), Rafael Hernández Soriano (PRD), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM) y Emma Margarita Alemán Olvera (PAN).

A las 10:26 horas, con 18 votos a favor (PRI, PAN, PVEM y MC) y seis en contra (PRD y Morena), se aprobó el documento sin modificaciones y se turnó para su discusión ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

El documento que se discutirá hoy mismo, en el marco de un segundo periodo extraordinario de sesiones, forma parte de la reformas legales del Sistema Nacional Anticorrupción, aprobadas por el Congreso de la Unión en el primer extraordinario, que concluyó el pasado 17 de junio.

El Ejecutivo presentó observaciones parciales a los artículos 3 fracción VIII, 4 fracción III, 27 tercer párrafo, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3), el Senado las avaló ayer martes sin modificaciones y turnó la minuta a San Lázaro.

Las fracciones observadas regulan la obligación de los particulares (personas físicas y morales) que reciben recursos públicos, de presentar declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de intereses; con las modificaciones aprobadas quedan exentos de elaborarlas.

La propuesta que se rechazó en la comisión planteaba modificar los artículos 3, 4, 30, 33, 46, 73 y tercero transitorio.

Estos cambios tenían el fin de incorporar los informes de conflicto de interés y situación patrimonial de los particulares como instrumentos para dar seguimiento a su patrimonio; facultar a los órganos internos de control de las dependencias para verificar dichos informes; y obligar a los candidatos a cargos de elección popular a presentar sus respectivos informes.

El documento forma parte del decreto por el que se expiden las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción, General de Responsabilidades Administrativas, y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.