Por: Redacción/

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación informa de las acciones realizadas para la atención del conflicto entre las comunidades triquis de Oaxaca y reitera el llamado a dialogar entre todos los actores del conflicto para encontrar una solución duradera que ponga en el centro la paz y el bienestar de las personas y sus comunidades.

El pasado 25 de enero, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, recibió en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación a un grupo de habitantes de la comunidad de Tierra Blanca Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, del estado de Oaxaca, quienes denunciaron que los habitantes de su comunidad sufrieron ataques armados, lo que ocasionó la muerte de dos hombres y el desplazamiento forzado de más de cien personas, por lo que es prioritaria la atención a estas víctimas.

Como parte de los compromisos de ese encuentro, el pasado 3 y 4 de febrero, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración encabezó reuniones de trabajo en Oaxaca para coordinar el diálogo con los diferentes actores del conflicto, además de las autoridades del gobierno federal, autoridades estatales y municipales para atender en coordinación la problemática.

Dado que el conflicto es de interés público se informa sobre las actividades realizadas en esta visita:

  1. Reunión con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, con quien se estableció un acuerdo de colaboración entre el gobierno federal y estatal para atender de forma inmediata a las víctimas desplazadas otorgando alimentación, salud y seguridad.
  2. Reuniones y comunicación con las distintas organizaciones de la región triqui, para definir los criterios y compromisos para construir la paz en la zona.
  3. Integración de la mesa interinstitucional para coordinar las acciones de atención integral de las personas desplazadas. En esta mesa participan, por parte del gobierno federal, las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana y Bienestar, incluyendo la Guardia Nacional; además, el programa del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Bienestar y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México; por parte del gobierno local, las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública, Salud y Bienestar. Asimismo, se cuenta con la participación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Coordinación para la atención de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca.
  4. Revisión y análisis de la situación jurídica de las personas detenidas en toda la región por parte de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, de Gobernación.

Adicionalmente se informa que desde el gobierno federal se implementarán las siguientes acciones para complementar la atención a la población desplazada:

  • Entrega de ayuda humanitaria, la cual consta de paquetes alimenticios a las familias desplazadas en coordinación con la Secretaría de Bienestar y la Coordinación Nacional de Protección Civil.
  • Atención a la población desplazada por brigadas de salud a través de IMSS-Bienestar y Secretaría de Salud de Oaxaca.
  • Acciones conjuntas entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad de la entidad para garantizar la seguridad de la población en la comunidad de Tierra Blanca Copala, Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
  • Reforzamiento y expansión de los programas sociales para la población triqui a través de la Secretaría de Bienestar.

Por otra parte, se informa que se cumplió con el compromiso de transmitir a la Fiscalía General de la República (FGR) la solicitud hecha por habitantes de San Juan Copala, para atraer los casos de los recientes homicidios que hubo en la región, decisión que está en manos de dicha institución como organismo autónomo.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración reitera el compromiso de garantizar la seguridad y el bienestar en las comunidades triquis de Oaxaca, así como brindar atención a las víctimas de desplazamiento forzado, restableciendo las condiciones para que puedan regresar a sus hogares, independientemente de las organizaciones o partidos políticos a las que pertenezcan.