Por: Roberto Barco Celis

En un sistema similar de “fotomultas”, en más de cinco ciudades de Estados Unidos, fueron detectadas irregularidades y hasta el FBI descubrió actos de corrupción. En la Ciudad de México, hay que evitarlo, exhortó Luciano Jimeno Huanosta, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.

Al informar que se promueven más de 13 solicitudes de información a las Secretarías de Seguridad Pública, Movilidad y Agencia de Gestión Urbana, entre otras acciones legales en una segunda etapa, alertó a proteger al automovilista de actos inconstitucionales, prevenir y hasta promover castigos en caso de posibles irregularidades.

Explicó que se analizaron experiencias similares en Chicago, Baltimore, Columbia, Kansas y hasta Puerto Rico, entre otras, que reveló (con evidencias documentadas) fallas y colusión entre funcionarios y las empresas concesionarias del sistema, incluso responsabilidad de quienes firmaron el contrato.

Ejemplificó que tan sólo en Chicago, donde intervino el FBI desde 2014, detectaron entre la alcaldía y la empresa Redflex, soborno, falsedad en declaración, extorsión y fraude postal, incluso electrónico. Funcionarios confesaron que recibieron sobornos para servir como gestores de la empresa, dinero que fue destinado a campañas políticas en Columbus y Cincinnati a cambio de extender el programa.

Mientras que en Baltimore descubrieron que el sistema de cámaras estaba mal calibrado; en Missouri la empresa alteró la red de semáforos para generar más infracciones y en Columbia hubo quejas por ser observados sin permiso.
En Puerto Rico otorgan menos beneficios (45 por ciento) a expensas de las infracciones que cometían los automovilistas.

Luciano Jimeno Huanosta

Luciano Jimeno Huanosta

Entonces, si vamos a ser tan generosos, subrogar facultades y copiar modelos del vecino país, que vaya integradas acciones completas y preventivas para no cometer o evitar las mismas fallas, transparentar el sistema y sobre todo que no haya corrupción, advirtió el legislador.

No estamos contra el Reglamento de Tránsito ni contra las acciones que protegen y previenen muertes o accidentes, pero no limitemos métodos loables ni coloquemos por encima de la cultura vial el ingreso de recursos económicos, subrayó.