Por: Redacción

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) representa la gran oportunidad para que, vía la transparencia focalizada, se conozca la información de los programas sociales en salud y educación, y se evite el desvío de recursos públicos, afirmó Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales (INAI).

“Si logramos hacer que vía el Comité de Participación Ciudadana del SNA, de la mano con el INAI, podamos implementar una política robusta de transparencia focalizada para proveerle a la ciudadanía la información que requiere para evitar estos posibles desvíos de recursos que deben llegar, al menos, a estos dos derechos, creo que hay un horizonte que podemos construir mejor y forma parte del llamamiento a la cohesión social”, enfatizó.

Al participar en la mesa 1 de diálogo “Cohesión Social: el país que queremos”, convocada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que agrupa a más de 60 organizaciones civiles, Salas Suárez, dijo que se necesita de la información pública para poder analizar las políticas públicas que se han implementado en los últimos años, en medio de una creciente desigualdad social.

“La desigualdad es inmensa, la brecha es abismal, nueve a uno, esa es la proporción de la distribución del ingreso. De cada 10 mexicanos, nueve viven con la mitad del ingreso y uno concentra la otra mitad”, dijo, al retomar datos del llamamiento que el pasado 30 de enero hizo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, para impulsar un debate que contribuya a la construcción de acuerdos para cerrar las brechas de pobreza y desigualdad.

El comisionado del INAI invitó a las organizaciones de la sociedad civil a acompañar los procesos de armonización de leyes y de nombramiento de quienes coordinarán los sistemas estatales anticorrupción.

“La selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción fue una elección ejemplar ¿Tenemos garantía de que un proceso similar se va a llevar a cabo en las 32 entidades federativas?”, cuestionó. Salas Suárez recordó que el INAI ha impulsado el Gobierno Abierto, como un nuevo modelo de gestión, por lo que le propuso a Acción Ciudadana Frente a la Pobreza a involucrarse en los ejercicios que se desarrollan en el ámbito local, en 23 entidades federativas.

“El modelo de Gobierno Abierto contribuye a difundir la visión y promover la construcción de consensos y acuerdos. Sobre la mesa, se ponen en igualdad de condiciones, la autoridad, la sociedad civil y al órgano garante para definir prioridades en el ámbito municipal y estatal”, apuntó.

Finalmente, consideró oportuno que, ante las restricciones de recursos públicos que enfrenta el país, se pueda debatir el reajuste del presupuesto con un enfoque de derechos humanos.

“Dando por sentado que si hacemos un reajuste a nuestras políticas públicas de desarrollo social, en principio, estaríamos ayudando a reducir la desigualdad y a generar en la práctica una cohesión social que, por el momento, creo que es inexistente”, concluyó Joel Salas Suárez.

En la mesa participaron también, Alexandra Haas, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED); Jorge Carmona, 6º visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, quien fungió como moderador.