Por: Redacción

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sido omisa ante el presunto tráfico de influencias por parte de Rosario Brindis Álvarez, funcionaria de alto rango de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para que esta empresa otorgara contratos a su esposo, Alberto Ríos Treviño, por más de 500 millones de pesos, al grado que la dependencia federal ni siquiera ha entregado un informe que le solicitó la Comisión Permanente de la Unión al respecto.

Así lo manifestó la diputada Rocío Nahle García, quien precisó que el pasado 16 de mayo la Tercera Comisión de la Comisión Permanente aprobó un Punto de Acuerdo para que la SFP rindiera un informe pormenorizado sobre la investigación que dicha secretaría sigue sobre la intervención de la Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de PEMEX para favorecer a su cónyuge.

Sin embargo, agregó, la dependencia a cargo de Arely Gómez no ha entregado ningún documento a dicha instancia, a pesar de que ya transcurrieron los 15 días que se dieron de plazo a la SFP. “Necesitamos saber qué ha pasado. En caso contrario, vuelvo a meter el Punto de Acuerdo para que sean los cinco puntos que incluía originalmente, o que nos responda PEMEX. Está tremendo que ni siquiera responde”, advirtió la legisladora federal por Veracruz.

Al respecto, recordó que el 3 de mayo presentó un Punto de Acuerdo que planteaba cinco peticiones que involucraban a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que investigaran lo concerniente al tema. También para que el Director General de PEMEX, José Antonio González Anaya, separara de su cargo a Brindis Álvarez, mientras se realicen las investigaciones por la denuncia interpuesta.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados lamentó que tales peticiones no fueron aceptadas en su oportunidad por legisladores del PRI, PAN y PVEM que participan en la Tercera Comisión, en lo que constituye un acto contrario a la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas.

Nahle García indicó que en esa ocasión la citada Comisión aprobó sólo dos propuestas de las cinco contempladas inicialmente: una para solicitar el informe a la SFP sobre la investigación a Rosario Brindis Álvarez, quien también se desempeña como Presidenta Suplente del Comité de Transparencia de PEMEX.

Y otra para para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) explique los motivos por los que la plataforma naval extranjera de la empresa Strategic Excellence, en la que labora Alberto Ríos Treviño, permanece en aguas nacionales.

Asimismo, subrayó que aquella vez en el seno de la Tercera Comisión se acordó que dependiendo del informe enviado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se determinaría si posteriormente se incluirían las peticiones a las demás dependencias involucradas en el caso.

En ese sentido, la diputada Rocío Nahle reiteró la necesidad de que el Congreso de la Unión sea congruente con las acciones que se han emprendido en materia de transparencia y anticorrupción, ya que casos como el de la mencionada funcionaria de PEMEX son protegidos por la opacidad y múltiples trabas para que no se esclarezcan.