Por: Redacción/

El proceso electoral en marcha corre el riesgo de enturbiarse si no se refuerza la vigilancia en el manejo de los recursos públicos, se frena la violencia política y se lleva a fondo la “investigación madre” en contra de ex gobernadores que desviaron dinero público para beneficiar electoralmente al PRI, afirmó Rafael Hernández Soriano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La investigación sobre el desvío de recursos públicos para beneficiar al PRI en procesos electorales en Chihuahua y Quintana Roo es la punta del iceberg que tiene que llevar a las autoridades judiciales y electorales a desmantelar ese esquema de gobernantes y partido para saquear los recursos públicos a fin de mantenerse en el poder.

El diputado federal del PRD afirmó que la Comisión Especial que dé Seguimiento a los Procesos Electorales Federales y Locales 2018 permitirá, en primera instancia, demandar la inmediata comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público para que explique cómo se vulneró la vigilancia en el manejo de recursos públicos y por qué se pretende coaccionar a los gobiernos no afines al PRI para frenar investigaciones, como es el caso de Chihuahua.

Indicó que el próximo martes 16 se instalará esa comisión especial y ello permitirá definir una agenda con temas inmediatos, ya que el periodo de la Comisión Permanente es corto, sin embargo, se construirá una agenda que tenga continuidad por parte del Poder Legislativo.

Expuso que el Poder Legislativo es el que aprueba y distribuye los recursos públicos y tiene que asumir un papel relevante en la demanda de ir a fondo en la rendición de cuentas respecto a las denuncias por los desvíos a un partido político.

El también secretario de la Comisión de Gobernación e integrante de la de Transparencia y Anticorrupción, urgió frenar el esquema de algunos gobernadores, ahora ex funcionarios investigados, para crear empresas fantasmas y desviar dinero público a su partido.

Esa red de corrupción no es cosa menor, se extiende a funcionarios, ex funcionarios y legisladores, y es una constante la pretensión de su partido de bloquear todo intento de investigar y sancionar estos actos delictivos, incluso utilizan la mayoría legislativa para mantener la protección con el fuero constitucional, añadió.

El legislador federal indicó que además de la urgencia de avanzar en lo que llamó “investigación madre” sobre el desvío de recursos públicos por los ahora ex gobernadores priistas, es necesario frenar la violencia política contra opositores, ya que son ingredientes que perfilan un proceso electoral turbio cuando aún faltan seis meses para las votaciones.