Por: Redacción/

La diputada del GPPRD Lluvia Flores Sonduk, solicitó la comparecencia urgente del secretario de Gobernación (Segob), para definir una estrategia en la que se contemple el fortalecimiento de las autoridades municipales y la participación de la sociedad civil, con el objetivo de revertir la situación de inseguridad que se vive en Guerrero,.

Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, también pidió al titular de la Segob, nombrar una Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Guerrero y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), realice una investigación respecto de la situación de los derechos humanos en la entidad.

La parlamentaria sostuvo que la crisis de seguridad que vive la entidad costera en los últimos dos años sigue en aumento. Estos últimos días –dijo- el crimen organizado develó la ineptitud de los distintos niveles de gobierno para garantizar los derechos fundamentales a la sociedad guerrerense.

Por una parte, tenemos la conformación de las policías comunitarios de acuerdo a lo establecido en la ley estatal 701 con el reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero y por otra, los vínculos de los miembros de seguridad pública con la delincuencia organizada.

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, en Guerrero –añadió-, aumentó la incidencia de delitos como extorsión, robo y fraude.

Sin embargo, señaló que “cualquier cifra y estadística en materia delictiva nunca nos expondrá lo que acontece realmente, es un hecho que la gran mayoría de los ilícitos no son denunciados por temor de las víctimas; no es difícil imaginar el terror que sienten los familiares de las víctimas de secuestros o desapariciones forzadas el cual les impide denunciar, otro factor que inhibe la denuncia es el alto índice de desconfianza que hay en las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia”.

La ENVIPE estima que 74.3 por ciento de la población de 18 años y más, considera que vivir en su entidad federativa es inseguro a consecuencia de la delincuencia. De acuerdo a la misma estadística el 83.1 de los guerrerenses considera que vive en un estado de inseguridad.

En este sentido, indicó que la alarmante situación lleva a cuestionar la efectividad de las políticas militares que se han venido impulsando en Guerrero para combatir la criminalidad y la estrategia de combate al crimen organizado, que no ha logrado ni siquiera reducir los índices delictivos.

“La desaparición forzada de personas es, sin duda, uno de los crímenes más crueles que puede cometerse. La comunidad internacional ha coincidido en calificarlo como delito de lesa humanidad, si se considera además que las víctimas y sus familias de este delito son torturadas continua y prolongadamente. Aunque nuestro país ha signado tratados internacionales para prevenir y erradicar la desaparición forzada, ésta va en aumento y lo que resulta muy delicado es el alarmante grado de impunidad que impera en estos casos”, añadió.

Así, en Guerrero la inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades; las extorsiones, el secuestro y la desaparición forzada son los delitos que desafortunadamente comienzan a prevalecer en esta entidad, a pesar de que en ella se han comenzado a instrumentar acciones de manera coordinada, sin resultados favorables.

En síntesis, comentó la diputada perredista, en Guerrero “el Estado desatendió el crecimiento de organizaciones delictivas, está concentrando los esfuerzos únicamente en una atención mediática y efectista, mientras los guerrerenses seguimos en la incertidumbre ante la falta de soluciones en los 81 municipios y seguimos en un estado donde no se puede contener a la delincuencia organizada”.