• Las organizaciones sostuvieron que estas modificaciones implican una continuidad en la criminalización de personas usuarias y comunidades cultivadoras.

Por: Oscar Nogueda/

La Coalición Regulación por la Paz manifestó su preocupación debido a que la discusión  sobre la regulación del cannabis en la Cámara de Diputados prioriza los intereses de la industria por encima de los derechos de la sociedad mexicana.

“Hemos tenido acceso a documentos que contienen propuestas de modificación a la minuta aprobada por el Senado de la República a finales del 2020 en su proceso de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados. Dichas modificaciones vulneran los derechos de personas usuarias, eliminan los mecanismos de acción afirmativa y justicia social ideadas para proteger las condiciones de participación de comunidades cultivadoras de cannabis”, mencionaron las ONGS.

La Coalición señaló que estos cambios en el dictamen proponen la incorporación de un permiso para cultivo doméstico de renovación anual. Cabe destacar que las organizaciones señalaron que este requisito no tiene ninguna utilidad en la experiencia   de Uruguay.

Al mismo tiempo, el dictamen establece la creación de una licencia integral, la cual permitiría participar en toda la cadena productiva y elimina las medidas de protección para las comunidades cultivadoras. Las organizaciones destacaron que estas modificaciones limitan la transición a la legalidad de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

“Proponen eliminar la figura del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis y establecer a la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) como instancia responsable de implementar la ley. No obstante, hace una semana la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental que elimina a la CONADIC”, comentó la Coalición.

Asimismo, las organizaciones sostuvieron que estas modificaciones implican una continuidad en la criminalización de personas usuarias y comunidades cultivadoras. Por ello, externaron que el pleno goce de los derechos humanos debe ser la guía para los cambios legislativos.