Por: Meztli Islas

La iniciativa que envió al Congreso el titular de Ejecutivo federal en materia de combate a la tortura debe adecuarse a la realidad que padece el país, coincidieron diversos especialistas y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez, durante el inicio de las audiencias públicas sobre la Ley General en Materia de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En el Senado de la República se encuentra el proyecto de decreto planteado por el Presidente de la República y una iniciativa de la senadora de la Peña Gómez; ambas deberán ser dictaminadas por las comisiones unidas de Derechos Humanos, de Justicia, de Gobernación y Estudios Legislativos.

Es necesario añadir a la iniciativa los llamados delitos autónomos o conexos –como el allanamiento de morada, al robo cometido por los servidores públicos, la extorsión, la falsedad, el abuso de autoridad, violación de correspondencia y la detención arbitraria– porque constituyen un caldo de cultivo para la tortura, advirtió el ex integrante del Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CATONU), Miguel Sarre Iguíniz.

Esto, durante la primera mesa de debate, titulada “Tipo penal, elementos, agravantes, atenuantes, autoría mediata en aparatos organizados de poder, exclusión de prueba ilícita, determinación de la carga probatoria”.

Además, Sarre Iguíniz mencionó que se debe obligar al Poder Judicial a rendir cuentas sobre los resultados de las investigaciones de las denuncias que recibe por tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Añadió que no se necesitan proponer penas altas para castigar este delito, sólo basta con cumplirlas efectivamente.

Por su parte, Rafael Estrada Michel, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), señaló que en los titulares de los ministerios públicos debe recaer la responsabilidad en caso de que sus subalternos consigan pruebas mediante tortura; si no se cumple esta condición es como si no existiera el sistema acusatorio y adversarial, y viviéramos en el mundo de la impunidad.

Dijo que el proyecto de ley general debe especificar que cualquier funcionario público del Estado y los miembros de las Fuerzas Armadas pueden ser sancionados en caso de cometer este ilícito; además de que la pena debe incrementar en el caso de que se ejerza en contra de poblaciones vulnerables o causen la muerte de la víctima o la pérdida material o funcional de órganos vitales.

Julio Hernández Barros, comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), comentó que las entidades federativas también deben aplicar con uniformidad los criterios de la ley, una vez que se apruebe, porque si no ocurre puede haber un gran desfasamiento, como ocurre actualmente con la Ley General de Víctimas, donde la Ciudad de México ni siquiera ha iniciado la actualización de su ley.

Dijo que en la Comisión están en contra de la admisión de cualquier prueba que implique violación a los derechos humanos, y de cualquier prueba que sea obtenida o derive de la tortura, pero sí consideran que deben admitirse las pruebas que fueron probadas de forma lícita; por lo que el papel del juez resulta clave para garantizar los derechos, tanto de la persona víctima de tortura como del afectado del delito.

En su turno, José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que el Senado de la República debe alejarse de la iniciativa que envió el titular del Ejecutivo federal, porque es deficiente y no es adecuada para resolver el fenómeno de tortura que experimenta el país.

Dijo que la tortura en México es una práctica arraigada en las instituciones de procuración e impartición de justicia y, según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), entre el primero de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, se han recibido cuatro mil 55 denuncias por tortura, de las cuales mil 273 son atribuibles a personal de las Fuerzas Armadas; de éstas, sólo mil 884 se convirtieron en averiguaciones previas, que resultaron en sólo 11 consignaciones, cinco con sentencia, pero que no es posible conocer.

Carlos Ríos Espinoza, consultor externo, dijo que se debe poner atención especial en la tipificación para no crear un nuevo tipo penal. Advirtió que esto reduciría la gravedad del delito, y crearía la “condición inherente” de que la tortura debe producir sufrimientos graves para considerase como tal. Por ello, insistió en que se debe diferenciar entre tortura, por un lado y, por otro, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

También explicó que la iniciativa debe establecer que un imputado por tortura no puede estar involucrado en las investigaciones, por lo que la víctima debe tener la oportunidad de solicitar una medida de protección y exclusión de agentes que puedan estar vinculados con un acto de tortura.

En la segunda mesa, “Investigación de la tortura, unidades administrativas especializadas (fiscalías), denuncia de tortura, registro (casos de tortura, detenidos, centros de privación de libertad)”, Juan Pablo Pampillo Baliño, titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuraduría de Justicia de la PGR, argumentó que la iniciativa del Ejecutivo federal propone la tipificación del delito de tortura, así como del de tratos crueles, o penas crueles, inhumanas o degradantes de manera autónoma, una opción “que creemos que sí puede resultar la más eficaz para cerrar cualquier brecha a la impunidad”.

Además, enfatizó, en la propuesta se reconoce la imprescriptibilidad de la tortura, “un gran avance” que se incluyó por la petición unánime de expertos y representantes de organizaciones civiles, garantiza que las víctimas tengan la oportunidad de denunciarla y procura el derecho a la verdad.

La creación de unidades o áreas especializadas para su investigación, dijo, es otra aportación del proyecto del Ejecutivo. La uniformidad con la que se conducen las autoridades de la Federación y las entidades, agregó, en ocasiones no es la esperada y por ello debe ser por mandato de ley el que se homologue el esquema institucional y de capacidad de operación.

En tanto, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, destacó la importancia de diferenciar los casos de tortura y de tratos crueles, pues existe un deficiencia en el sistema para investigar y “acabar con la duda”, y “hoy hay instituciones que desgraciadamente no gozan de la mejor reputación, lo cual han aprovechado algunos imputados y delincuentes” para reclamar que fueron objeto de este delito.