Por: Redacción/

El diputado Victoriano Wences Real, del GPPRD, presentó una iniciativa que busca reformar el artículo 1803 del Código Civil Federal, con el objetivo de que, en el marco de la celebración de contratos entre particulares, cuando una de las partes obligadas -o ambas- hable alguna lengua originaria y no entienda correctamente el idioma español, el consentimiento expreso deberá de extenderse a través de un traductor que hable su lengua originaria, además de conocer sus costumbres.

La iniciativa detalla que la falta de este requisito en el consentimiento, puede producir la nulidad del contrato, ya que en la celebración de un contrato en el que se desconozca el contenido del mismo, orilla a obtener una ventaja de quien sí conoce el contenido, sobre quien lo desconoce por motivos de no hablar el idioma en que se presenta.

El legislador perredista argumentó que en nuestro país se han dado una serie de fraudes con motivo de la proliferación de casas ahorradoras que se establecen ofertando propuestas aparentemente benéficas para las personas; sin embargo, en muchas entidades, sólo se han aprovechan de los habitantes y consuman fraudes por la falta de entendimiento de quienes quieren invertir, generalmente hablantes de alguna lengua indígnena; además de que funcionan sin ninguna regulación, lo que aprovechan para mermar la economía de las personas.

Cabe señalar que en México existen 7 millones 382 mil 785 personas y que hablan alguna lengua indígena. Las más habladas son: náhuatl, maya y tseltal, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Los indígenas enfrentan una serie de dificultades por el sólo hecho de ser indígenas. Son objeto de discriminación, pero además, de muchos fraudes que los hacen perder su patrimonio, lo que los orilla a viajar a los Estados Unidos o Canadá para obtener mejores oportunidades de trabajo y una vez allá están mandando divisas”, detalló el parlamentario.

El también secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas subrayó que el Estado debe ser garante de los derechos indígenas; así como privilegiar el acceso a la justicia a través de sus usos y costumbres, pues soslayarlos implica una flagrante violación a sus derechos humanos.

“Es indudable que debemos reformar las normas jurídicas de derecho privado para producir una mayor igualdad de condiciones entre particulares, sobre todo si tomamos en cuenta que la participación del Estado es para dirimir controversias y si la norma jurídica no es protectora, el juzgador se fundamenta en la literalidad de la letra cuando no hay opción a interpretación por otra vía. Por ello, el Poder Legislativo debe promover todas aquellas reformas encaminadas a proteger a los desiguales”, subrayó el parlamentario.