Por: Redacción

La población comenzará a recuperar la confianza en la clase política cuando un funcionario de primer nivel acusado de algún delito esté tras las rejas, afirmó el diputado federal del PRD Rafael Hernández Soriano, quien presentó un amparo para evitar que la inacción de la Subcomisión de Examen Previo permita dar carpetazo a la solicitud de juicio político contra el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

Al salir del Palacio de Justicia Federal, Hernández Soriano acompañado de los diputados Cristina Gaytán Hernández y Jesús Zambrano Grijalva, así como del ex diputado Fernando Belaunzarán Méndez, el también secretario de la Comisión de Gobernación exigió dejar atrás la “simulación” de líderes del PRI y que no sólo hablen en los medios de comunicación como hoy lo hizo el presidente nacional de ese instituto político, al decir que están comprometidos en el combate a la impunidad.

“Han pasado muchos años y meses, quien realmente está obstruyendo aquí en la Cámara –las solicitudes de juicio político- es la mayoría legislativa que encabeza su partido“, añadió.

“Estamos claros en que la gente empezará a recuperar confianza en la clase política, en que de verdad queremos combatir la impunidad y la corrupción cuando un funcionario de primer nivel esté tras las rejas, no cuando haya declaraciones mediáticas, -sino- cuando esté pagando sus responsabilidades con penas que vayan más allá de los señalamientos públicos”, abundó.

Pretendemos que se termine con la impunidad, un acto que pareciera administrativo, como es la convocatoria a sesión de trabajo por parte de la Subcomisión de Examen Previo, “detiene que en nuestro país se haga justicia y eso tapa con un halo de impunidad a funcionarios que probablemente tienen responsabilidades administrativas, incluso hasta penales”.

Urgió a los presidentes de las comisiones de Gobernación y la de Justicia, Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Álvaro Ibarra Hinojosa, respectivamente, a que convoquen a la subcomisión y den trámite a las más de 350 solicitudes de juicio político que han sido presentadas en la Cámara de Diputados.

Subrayó que la inacción legislativa “viola derechos fundamentales de la población y de quienes han suscrito más de 350 solicitudes de juicio político desde 2003”.
Lamentó que en México exista la inmunidad legislativa, la cual permite que funcionarios públicos y representantes populares se esconden y no den la cara, como ocurre actualmente con el caso de Murillo Karam y el aún gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

En su oportunidad, Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del GPPRD, adelantó que el tema será retomado en la Junta de Coordinación Política con la exigencia de que se actúe, y no solamente se declare que se va sobre los corruptos, y se va a buscar hacer justicia. Al tiempo que tomó la palabra al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, para que sus declaraciones en torno al combate a la corrupción, se traduzcan en acciones reales y su grupo político actúe en San Lázaro, de entrada con el caso del gobernador Javier Duarte.

“Que en estos mismos días sesione la Subcomisión de Examen Previo y le inicien el juicio político para que, al mismo tiempo, se entre a juicio de procedencia contra el gobernador de Veracruz. Ahí vamos a ver si de verdad están dispuestos a ir en combate abierto contra la corrupción o están sólo simulando, están sólo con meras declaraciones que se quedan en falsedades”.

“Hechos –subrayó Zambrano- son los que van a marcar la realidad de lo que se quiere hacer. Ya tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción recién aprobado. Ahora lo que falta es que, quienes son los principales responsables de que esto se haga realidad, son los que están en el gobierno y, al mismo tiempo, son los que aquí componen una mayoría que ha impedido que -hasta ahora- sesione para trabajar y dictaminar sobre las solicitudes de juicio político, que es el PRI. Hechos y obras son amores, no buenas razones”.

El legislador federal concretó que el juicio político contra Duarte es un asunto de moral, pero también de cumplimiento de la ley por parte de la propia Cámara, que es la que hace las leyes (en su carácter de co legisladora) y, también de cumplimiento de los órganos legales por parte del gobierno de la república, que es el que tiene la responsabilidad de dar curso a los señalamientos con fundamento en lo que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación.

En su oportunidad, la diputada Cristina Gaytán Hernández, dijo que a dos años de la agresión y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero, el gobierno federal debe ser congruente con la verdad y la justicia que reclama la sociedad mexicana, las víctimas y los familiares de los desaparecidos.

A dos años de los hechos –dijo-, lo único que se tiene es que la llamada “verdad histórica” construida por Jesús Murillo Karam y el premiado funcionario Tomás Zerón se cae a pedazos, al tiempo que no hay un solo culpable o responsable directo entre las más de 100 personas a quienes se inició proceso.

“Hoy, en este día, es importante remarcar y señalar claramente: nosotros insistimos en que no vamos a dejar que ningún funcionario se vaya libre si actuó por omisión y esa justicia no haya llegado también por su actuar”, concluyó.