Por: Redacción

Pese a los esfuerzos para su combate, la piratería –que puede estar ligada a las actividades que fortalecen al crimen organizado– es un problema evidente en diferentes regiones de México, que pone en riesgo el desarrollo económico nacional.

En un “Cuaderno de Investigación”, elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo (DGAL) del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, se destaca que esta práctica ocasiona una pérdida recaudatoria de poco más de seis mil millones de pesos por la evasión al Impuesto al Valor Agregado.

Con datos del Centro de Investigación para el Desarrollo, el análisis subraya que este “mercado sombra” podría haberle costado al país más de 43 mil millones de pesos en 2014, aproximadamente 34 por ciento del recorte presupuestal anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2015.

Dicha cifra también representa 28 por ciento más que todo el presupuesto de ese año para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 34 veces más que los recursos destinados al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). “La pérdida por el consumo de piratería de nuestro país para 2014 –agrega– podría financiar a la Universidad Nacional Autónoma de México durante todo un año”.

Esta actividad en territorio nacional, se advierte en el documento “Piratería en México y sus efectos en la sociedad”, es una práctica más visible en nuestro país que en otras naciones. Diferentes copias apócrifas de múltiples productos pueden ser adquiridas en la vía pública, fácilmente accesible a los consumidores.

Entre otros datos, el estudio menciona que la mitad de las prendas de vestir que se consumen en el mercado tienen su origen en el contrabando y la piratería, con una pérdida estimada de nueve mil 451 millones de dólares en el sector. La piratería, se añade, ocasionó la desaparición de siete mil puntos de venta de música original y el despido de 29 mil 500 trabajadores

Además, ocho de cada 10 películas que se compran en México son apócrifas, lo que inhibe la producción cinematográfica nacional y genera pérdidas calculadas en 340 millones de dólares; y el valor de la tecnología de la información ilegal en el sector manufacturero asciende a cinco mil 700 millones de pesos”.

El estudio de la DGAL advierte que además de los delitos relacionados con la propiedad intelectual, la piratería también se trata un crimen que puede estar ligado a otras actividades ilícitas como el narcotráfico, cobro de piso, evasión fiscal, lavado de dinero y robos.

Ante este contexto, se plantea: “si bien diferentes instituciones de justicia han realizado acciones para inhibir este delito los retos a fututo están diversificados y se sugieren emplear recursos legales, operativos, de comunicación y culturales para reducir sus efectos”.

En el estudio se menciona que del 1 de agosto de 2014 al 31 de agosto de 2015, la Procuraduría General de la República registró dos mil 845 averiguaciones previas iniciadas en el fuero federal por presumibles ilícitos en materia de derechos de autor y propiedad industrial, de las cuales 556 eran previstos en el Código Penal Federal y dos mil 289 fueron sancionados conforme a la Ley de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, dependiente de la PGR, destacó la detención en flagrancia de 50 personas, así como el aseguramiento de más de ocho millones 338 mil 666 objetos, el desmantelamiento de una fábrica de artículos de perfumería, dos fábricas de ropa y 22 laboratorios clandestinos donde se reproducían videogramas y videojuegos, y 337 quemadores de discos.

Sin embargo, enfatiza la investigación del IBD, la cultura del consumo de lo pirata en la sociedad es uno de los principales retos para el gobierno, cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil, por lo que el desafío puede ser mayor que el simple hecho de perseguir directamente el delito.

Una encuesta realizada por el IMPI reveló que 48 por ciento de los encuestados respondió que en el último año adquirió algún producto apócrifo, 5 por ciento adquirió al menos una vez medicamentos falsificados, 9 por ciento bebidas adulteradas, 22 por ciento cigarrillos apócrifos. Los artículos falsos más comprados por la población fueron música, películas, videojuegos, programas de computación, accesorios de vestir, series de televisión, perfumes, cosméticos, juguetes y pilas.

El estudio señala que gran parte de estos productos se distribuyen en la clandestinidad o en la vía pública, por lo que también la piratería está relacionada con el trabajo informal.

Por otro lado, “algunas voces consideran que debido a las ganancias de las grandes empresas y su poca flexibilidad para ofrecer costos accesibles a todos los bolsillos, la piratería es preferida como forma de protesta social”.

“Entre las soluciones propuestas están elevar sustancialmente los costos de adquirir piratería mediante el monitoreo de las autoridades, una aplicación rigurosa de la ley y la mejora de las lagunas regulatorias que permiten la fácil comercialización nacional y transfronteriza de estos productos”, sostiene la investigación de la DGAL.

El estudio completo se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ci/CI-22.pdf