Por: Redacción

El Senado de la República esperará a que la Procuraduría General de la República entregue una propuesta legislativa en relación a todo lo que hace falta y está omitido en las actuales leyes para que quede bien conformado el Sistema Nacional Anticorrupción, señaló la senadora Dolores Padierna Luna.

En entrevista la legisladora del PRD manifestó que lo más seguro es que no haya periodo extraordinario para resolver el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que el día 19 de julio debería haber quedado instalado y al momento no hay fiscal y no hay magistrados.

“Esto es para saber qué carácter de autonomía debe de tener el fiscal anticorrupción, y de los magistrados que van al Tribunal Fiscal y Administrativo, pueden ser mientras sustituidos por los magistrados supernumerarios, y no presionarnos tanto por la falta de nombramiento”, mencionó la senadora.

Dolores Padierna refirió que en el PRD y PT hay preocupación porque los otros partidos quieren meter en este periodo la Ley de Seguridad Interior, y eso es muy grave y muy delicado.

“No quisiéramos que se aprobara y mucho menos en un extraordinario y mientras esté latente ese peligro es mejor no tener periodo extraordinario y mejor tener tiempo de valorarlo con las autoridades para que no se presente tal cual esa ley y pueda ser modificada, una que si cumpla con los derechos humanos”, dijo la senadora.

Señaló que desde el periodo ordinario se habló con el procurador de manera amistosa, por que el formó parte de la propuesta, y se habló de una ruta de una propuesta para concluir con el tema de nombramientos y echar andar y hacer de paso una evaluación de cómo está funcionando el sistema Nacional Anticorrupción.

Por otro lado, Dolores Padierna habló sobre el análisis que debe hacer la Junta de Coordinación Política sobre lo que opinó el Comité de Participación Ciudadana, respecto de que el espionaje no está tipificado como un acto de corrupción.

En este sentido la legisladora dijo que carece de sentido la resolución y parece más bien que ese Comité se está prestando a que no se haga una investigación a fondo de un tema muy preocupante para la sociedad, que es el espionaje a todas las personas, como son periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos.

“Se está hablando de mal uso de recursos públicos y de mal uso de la función pública, un servidor público no está facultado para eso. Necesitamos que rindan cuentas quien ha hecho el espionaje que presenten los contratos, cuánto costaron, porque son recursos públicos”, concluyó.