• La Alta Comisionada de Naciones Unidas  para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó que el uso de software de vigilancia está vinculado con el arresto, intimidación y asesinato de periodistas y activistas.

Por: Oscar Nogueda/

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestaron su preocupación por las revelaciones del caso Pegasus en el país, por lo que llamaron a imponer una moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia hasta la existencia de marcos normativos en línea con los derechos humanos.

Ante las recientes revelaciones sobre el caso Pegasus, los organismos internacionales destacaron que esto se suma a las denuncias realizadas desde 2017 sobre estos hechos. Asimismo, mencionaron que esta situación involucra la responsabilidad de los gobiernos y empresas privadas, por lo que indicaron que las compañías deben adecuar su actuación a los derechos humanos y los Estados deben cumplir con sus obligaciones de  debida diligencia, transparencia y rendición de cuentas en cuanto a la contratación y supervisión de los servicios prestado.

“Es imperativo que los Estados limiten el uso de cualquier tipo de tecnología que pueda tener injerencia en las comunicaciones privadas de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos. Además, este uso debe estar delimitado en forma clara y precisa en la ley, ser excepcional y operar en función de lo estrictamente necesario,  además, debe contar con autorización judicial previa y una supervisión constante de los organismos estatales pertinentes”, apuntaron los organismos.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas  para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó que el uso de software de vigilancia está vinculado con el arresto, intimidación y asesinato de periodistas y activistas.

Además, las organizaciones apuntaron que estas acciones afectan el derecho a la privacidad y la integridad de las víctimas, sus fuentes y otras personas de su entorno. Por ello, reconocieron la importancia del trabajo de periodistas y defensores.

Por lo anterior, llamaron al gobierno mexicano a realizar una investigación completa, efectiva e imparcial del caso Pegasus, la cual permita sancionar a los responsables. También, lo exhortaron a las medidas necesarias para garantizar el derecho a la privacidad y libre expresión de la población, así como el ejercicio periodístico, la defensa de los derechos humanos, la participación y oposición política.

Por último, enfatizaron que la investigación debe identificar a las víctimas de este espionaje e informarles sobre lo sucedido.