Por: Redacción/

La vigilancia del Estado puede efectuarse, pero con estricto apego a la Constitución y los marcos legales establecidos, advirtió la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), María Patricia Kurczyn Villalobos, durante su participación en el foro Vigilancia del Estado: Hacia la implementación de controles democráticos.

Al moderar el panel “Hacia el control democrático de la vigilancia estatal”, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos consideró fundamental la discusión y análisis de las tareas de vigilancia del Estado, para definir controles que garanticen el fortalecimiento de la democracia y las instituciones.

A su vez, Luis Fernando García, director de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, aseguró que a la fecha no hay certidumbre jurídica sobre las instancias del Estado facultadas para realizar tareas de vigilancia. “Sigue habiendo una incertidumbre jurídica que es dañina para todos, para las empresas porque no saben a quién tienen que darle la información y a quién no, y en tanto, los ciudadanos estamos vulnerables”.

Salvador Camarena, director general de Investigación Periodística en Mexicanos Contra la Corrupción, señaló que “el gran problema del espionaje no es que el periodista sea violentado, y eso ya es un problema, el problema es que se logran generar zonas de silencio, se logra que los medios no tengamos acceso a personas que podrían ayudarnos a servir a la sociedad, eso es gravísimo”.

Jorge Gómez Naredo, profesor de la Universidad de Guadalajara, planteó que para elaborar un marco normativo es necesario analizar las vulnerabilidades de los periodistas frente a los gobiernos estatales, “además estos gobiernos muchas veces tienen vínculos con los poderes fácticos dentro de los mismos estados, es decir, ¿quién me está espiando como periodista? pueden ser una relación con grupos económicos o grupos ilegales”.

Jesús Robles Maloof, titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, destacó la necesidad de generar política pública que genere certidumbre sobre la intervención del Estado en la vida privada de las personas.

Se deben establecer “las reglas necesarias y proporcionales para cuando, por excepción y bajo control judicial, se deban hacer las intervenciones”.

Eduardo Bonilla Magaña, director de transparencia y archivos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el proyecto de iniciativa de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que tendrá como objetivo establecer un banco de datos para identificar y localizar a las personas detenidas, requerirá la opinión del INAI para asegurar el pleno respeto de los derechos humanos y la protección de datos personales.

Finalmente, Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19, sostuvo que la utilización del software Pegasus es un caso de corrupción porque se relaciona con el uso ilegítimo de elementos y contrataciones del Estado, para ir en contra de ciudadanos.

El caso debería ser investigado por la Secretaría de la Función Pública y “en ese sentido creo que hay una gran apuesta de esta nueva secretaría de hacer la diferencia; creo que es importante que nos aseguren que 32 millones de pesos son utilizados para investigar a los asesinos de Javier Valdez y no para investigar a su esposa”.

El foro fue convocado por el Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, integrado por el INAI, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil y la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de articular un diálogo abierto y plural para definir la ruta que permita prevenir y controlar la vigilancia por parte del Estado.