Por: Redacción

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está obligada a responder de manera positiva a las demandas ciudadanas de que se prohíba la circulación de camiones de doble remolque, así como a los llamados de académicos y especialistas de que no es viable construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NACM) en los antiguos terrenos del Lago de Texcoco, manifestaron los diputados Concepción Villa González y Renato Molina Arias.

Durante la comparecencia del Titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones, de Transportes y de Infraestructura de la Cámara de Diputados, los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena cuestionaron las malas decisiones que ha tomado dicha dependencia respecto a estos dos temas.

En su oportunidad, la diputada Concepción Villa explicó que mientras un camión de carga en México mide 31.5 metros de largo, el promedio en otros países es de 18.5 metros, debido al peligro que representa esa longitud y el peso de las unidades en las carreteras, según datos de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM).

“Es un proyectil que no se puede frenar en 300 metros, por tal razón la longitud de las unidades no deberían de exceder de 25 metros. A esta condición se suma la antigüedad de las unidades y el exceso de velocidad en las carreteras, que además no se diseñaron para este tipo de transporte”, puntualizó la también Secretaria de la Comisión de Transportes.

Reclamó que en las supuestas medidas para regular el autotransporte en carreteras federales y autopistas convergen intereses económicos y sociales. En ese sentido, lamentó que se le dé mayor importancia a las ganancias, en lugar de la seguridad de quienes transitan por las vías terrestres a lo largo y ancho de México.

“Cifras de la CONATRAM exponen que a causa de los accidentes generados por el transporte de carga de doble remolque mueren anualmente mil personas a nivel nacional, en parte por las complicaciones que se presentan durante el viaje, causadas por la sobrecarga a la que se someten las unidades”.

Agregó que ello podría evitarse si se usaran adecuadamente esos camiones, ya que no están diseñados para cargar grandes pesos, sino para mercancías voluminosas. Sin embargo, apuntó, pareciera que para la SCT basta una revisión físico-mecánica y de la documentación de los remolques doblemente articulados, cuando a todas luces se trata de una medida insuficiente para resolver el número de muertes ocasionadas por éstos.

A su vez, el diputado Renato Molina pidió al Titular de la SCT que revalore la propuesta de Morena para que se establezca el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México. Esto, dijo, porque significaría un ahorro de más de 100 mil millones de pesos, en comparación con el presupuesto propuesto por el Gobierno Federal, además de que se evitaría un daño ecológico.

“No entendemos por qué el empecinamiento de Gobierno Federal por construir esta obra sobre el vaso de un lago con todas las afectaciones ambientales que conlleva el relleno. En este mismo sentido, académicos universitarios y organizaciones civiles han mencionado que va a darse un hundimiento de 30 centímetros anuales; es decir, 3 metros de hundimiento en 10 años”.

El también Secretario de la Comisión de Comunicaciones cuestionó a Ruiz Esparza sobre los posibles conflictos de interés que se dan dentro del proyecto de la nueva terminal aérea, en particular las licitaciones públicas y los concursos mercantiles. “Usted tiene que decirnos qué opinión le merece que se haya favorecido a empresas ligadas al régimen político priista”, exigió.

Al respecto, advirtió que la bancada de Morena vigilará muy de cerca las licitaciones de la SCT para el NAICM, con la finalidad de que los recursos se ocupen en beneficio del pueblo de México y no de empresas privadas, sobre todo con las que el Gobierno Federal tiene cercanía.

Asimismo, señaló que la reforma en telecomunicaciones no ha servido para los mexicanos, pues se carece de la infraestructura necesaria para que éstos puedan acceder al internet. “Con ello, el Gobierno de Peña Nieto no garantiza el derecho a la libertad de expresión, ni el acceso de los mexicanos en los medios digitales”.