Por: Redacción/

El temor de algunos sectores de la sociedad, en el sentido de que, derivado de la Ley de Seguridad Interior, recientemente promulgada, el ejército pudiera ser utilizado por el gobierno para contener protestas sociales en el contexto de las elecciones presidenciales está fundado, advirtió el doctor Ricardo Espinoza Toledo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La nueva norma implica una disposición anticonstitucional que deja a discreción del jefe del ejecutivo, sin intervención del Congreso, el manejo de las fuerzas armadas, por lo que la posibilidad de que sean usadas para disuadir o frenar alguna movilización social queda firme.

“En esos términos no tiene justificación dicha legislación” y en efecto, el hecho de que el primer mandatario no tenga ningún contrapeso “no puede despertar más que temores”, afirmó el politólogo del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa.

Al referirse a las precampañas electorales en curso, afirmó que éstas se pensaron como una etapa en la que los partidos seleccionarían a sus representantes, pero como de hecho los aspirantes de las tres coaliciones ya están definidos, automáticamente forman parte ya de las campañas.

En esta etapa, dijo el académico del Área de procesos Políticos, hay escasa discusión acerca de los temas centrales –combate a la desigualdad, a la delincuencia y a la corrupción– que preocupan a la ciudadanía y que no están siendo abordados por los precandidatos que ya son candidatos.

Una vez que terminen se pondrán en marcha, con el apoyo del gobierno y de los medios de comunicación, estrategias para buscar frenar a los adversarios y desacreditarlos ante la opinión pública presentándolos como tramposos e incluso filtrando a los medios averiguaciones falsas o verdaderas contra algún postulante, “algo que ya hemos visto en otros procesos”.

Sobre los comicios de 2017 en el Estado de México, Espinoza Toledo sostuvo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mostró todo el abanico de recursos disponibles para ganar la elección sin considerar las disposiciones legales que prohíben el desvío de recursos o el apoyo de personal del gobierno a un candidato o a un partido, por lo que podría volver a hacerlo, a una escala mucho mayor, en las elecciones presidenciales de 2018.

La estrategia de Andrés Manuel López Obrador al presentar a las personas que conformarían su gabinete en caso de ganar la presidencia es adecuada, ya que tradicionalmente los gobiernos del PRI han actuado con la mayor secrecía posible, sobre todo en lo referente a las personas que los acompañarán en el gobierno.

“Lo que hace el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México no es sólo para distinguirse de estas prácticas”, sino con el fin de ofrecer certezas de lo que piensa poner en marcha en caso de ganar, “de manera que estamos ante el despliegue de un estilo diferente que quiere además combatir la idea de que él decide solo”, subrayó.