Por: Redacción

La verdadera justicia agraria se basa en los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, transparencia y profesionalismo porque los mexicanos necesitan y merecen sentencias claras y objetivas, afirmó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Rosario Robles Berlanga.

Al asistir con la representación personal del Presidente de la República al Informe de Labores del Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, Luis Ángel López Escutia, la Titular de la SEDATU afirmó que fortalecer al sector agrario es una prioridad para este gobierno, ya que el Presidente Enrique Peña Nieto tiene el compromiso de favorecer la calidad de vida de todas y todos los mexicanos a partir de estrategias que sean justas, seguras y sustentables.

“El Gobierno de la República está decidido a mejorar para que cada persona que acuda a nosotros perciba una diferencia en los servicios, para que cada familia que ha padecido años de rezago administrativo, pueda tener al fin un título de propiedad que le dé certeza en su futuro”, sostuvo.

La Secretaria Rosario Robles afirmó que el objetivo es conciliar el deseo de los campesinos y campesinas de que su tierra tenga valor, que siga siendo el sustento siendo ellos los dueños de esa tierra y al mismo tiempo que favorecemos una inversión que será para el bien de México y para su propio crecimiento”, señaló.

Acompañada por el titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, así como de funcionarios de los tres niveles de gobierno, Rosario Robles convocó a trabajar de manera conjunta con acciones con un impacto directo y en trámites transparentes de pronta resolución “por eso le pido a la Procuraduría Agraria que podamos derivar los asuntos que se consideren convenientes al Tribunal Agrario, para que podamos resolverlos de la manera más pronta a favor de los y las campesinas de México”, señaló.

Momentos después, la Secretaria Rosario Robles fungió como testigo de honor en la firma del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal Superior Agrario, para establecer protocolos de coordinación conjunta.