Por: Redacción/

A punto de vencer el plazo otorgado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Omar Ortega Álvarez demandó al gobierno del Estado de México atender su requerimiento de información sobre la propuesta de adecuar el proyecto carretero Autopista Toluca-Naucalpan.

Igualmente le demandó informar cómo atiende ya la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de aplicar medidas cautelares a favor de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, cuyos recursos naturales, económicos, sociales y culturales están en riesgo por dicho proyecto.

El parlamentario del Sol Azteca recordó que el Pleno de la Comisión Permanente aprobó el pasado 23 de agosto un Punto de Acuerdo propuesto por él en el cual pidió exhortar a distintas instancias -entre ellas a los gobiernos federal y estatal, lo mismo que a dependencias como la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)- a que analizaran la alternativa de adecuar dicho Proyecto de la Autopista Toluca-Naucalpan planteada por la comunidad.

Los habitantes de San Francisco Xochicuautla argumentan desde hace años que tal como está dicho proyecto actualmente, significa la destrucción de 600 mil metros cuadrados de territorio, así como daños irreversibles para el ecosistema y el entorno natural y cultural del territorio indígena, el que por decreto presidencial de 1951 les fue reconocido como propiedad comunal.

Debido a esta protesta y oposición hacia el proyecto, los otomíes han sido objeto de acoso, ataques y hostigamiento, y para defender sus derechos debieron recurrir a instancias internacionales, como la CIDH. Ésta les dio la razón y resolvió que el pueblo está en situación de riesgo y solicitó, por tanto, al gobierno de Estado de México la adopción de medidas cautelares en favor de la comunidad.

En atención a la solicitud de apoyo que también le hicieron, Omar Ortega realizó diversos pronunciamientos y llamados de atención que se tradujeron en conferencias de prensa, boletines y propuestas de punto de acuerdo, tanto a la Cámara de Diputados durante los periodos ordinarios de sesiones, como a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante los periodos de receso.

El 23 de agosto fue aprobado una de estas propuestas. En ella, el diputado perredista señala que este proyecto privado está a cargo de la constructora de Autovan S.A de C.V. de Teysa S.A. de C. V., filial de grupo HIGA, misma que ya dañó al patrimonio arqueológico de la comunidad al realizar trabajos sin los estudios ni permisos correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de acuerdo con los propios pobladores.

“Pese a todo, la comunidad de San Francisco Xochichuautla y un grupo de expertos prepararon una propuesta basada en el principio de conservar la biodiversidad, el continuo biológico y las tradiciones del pueblo otomí; como representantes públicos no podemos minimizar el esfuerzo de la gente por llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes, no podemos dejar de escuchar a las personas que viven en el territorio que una empresa quiere atravesar”, argumentó Ortega a los integrantes de la Permanente al solicitarles su apoyo.

Su propuesta de punto de acuerdo fue turnada con el planteamiento de alternativa de los otomíes a una comisión dictaminadora, la que desechó esta última sin precisar las razones, aunque se pronunció porque el gobierno del Estado de México sí se pronuncie respecto a la misma en un plazo no mayor de 15 días naturales.

El Pleno de la Comisión Permanente adoptó este pronunciamiento de su dictaminadora, además le pidió al gobierno del Estado de México que informe sobre el avance de medidas solicitadas por la CIDH a favor de esa comunidad y le requirió que adopte las medidas necesarias para preservar el equilibrio ecológico con motivo de esta construcción.

“Confiamos en que la propuesta de la comunidad será evaluada y apoyada, por el bien de los habitantes del Valle de México y del pueblo otomí”, puntualizó el diputado Ortega.