Por Omar Marroquín

A más de seis años de que elementos del Ejército mexicano asesinaran a dos estudiantes del Tec de Monterrey, familiares acusaron que el gobierno federal retrasa la consignación de la averiguación previa ante un juez, lo que impide que se emita una sentencia a los culpables.

La madrugada del 19 de marzo de 2010 militares asesinaron a  Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de ingeniería del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, al confundirlos con sicarios que entraron al campus de la universidad durante una persecución.

Los familiares de Jorge Mercado y Javier Arredondo exigen sentencia a los elementos castrenses responsables por ejecutar extrajudicialmente a los dos estudiantes, alterar la escena del crimen y ocultar pruebas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 45/2010 concluyó que los militares implicados colocaron armas a los estudiantes para inculparlos y destruyeron pruebas en la zona para acusar falsamente a las víctimas de pertenecer a una banda de delincuentes.

“Se quebrantaron los derechos al acceso a la justicia y al honor por actos consistentes en el uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, alteración de la escena de los hechos e imputaciones, así como ejercicio indebido de la función pública” especifica la recomendación.

Ante esta situación, los familiares también exigen que las instancias oficiales involucradas en el caso aclaren ante medios de comunicación que Jorge Mercado y Javier Arredondo no eran criminales, como se les intentó acusar al principio de la investigación.

El 19 de febrero de este año, detallaron los familiares en un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) notificó a los familiares que el caso sería consignado el 22 de febrero pasado en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, dos días antes de la consignación, el Ministerio Público les avisó que, por falta de diligencias adicionales, la consignación se suspendería indefinidamente.

El expediente de la investigación concluida por la PGR consiste en más de 40 tomos que incluyen 100 de declaraciones y un número cercano de peritajes que apuntan a la participación de ocho militares en los hechos.

“La muerte de nuestros hijos fue el resultado de una estrategia fallida. El ejército en las calles no cuenta con una estrategia ni protocolos para patrullar y tener contacto con la gente. No son policías” acusó Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge.