Por: Redacción

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, lamentó que mientras a diario nos enteramos de ejecuciones y de enfrentamientos entre bandas delincuenciales, las procuradurías estatales del país estén siendo utilizadas para perseguir a activistas políticos y líderes sociales.

Comentó que es clara y notaria la ineficiencia de las procuradurías estatales para detener la violencia desatada en todo el país, y todavía es más grave que cuando se trata de demostrar actos ilícitos, sus elementos no tienen la capacidad para resguardar la seguridad de los ciudadanos.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) declaró que con frecuencia, las procuraduría de justicia estatales actúan de manera indebida, utilizando los sistemas judiciales y los aparatos de seguridad para perseguir a actores políticos o disidentes sociales, persiguiéndolos de manera implacable, como no lo hacen en contra de los criminales.

Insistió en que las procuradurías estatales están más ocupadas en perseguir a los líderes sociales e inconformes con la políticas implementadas por los gobiernos estatales, que contra los verdaderos delincuentes.

Señaló que resulta muy sospechoso que cuando se trata de inculpar a líderes sociales o adversarios políticos, las procuradurías trabajen con agilidad y prontitud, incluso inventando supuestas pruebas en contra de quienes no son del agrado del gobernador en turno.

Esa eficiencia y agilidad en la persecución del delito se pierde, apuntó, cuando se trata de atender las denuncias de los ciudadanos, al grado de que más del 90 por ciento de las denuncias quedan impunes; ello sin descontar las cifras negras de los casos que no se denuncian.

El diputado Ojeda indicó que los ciudadanos tienen mucha desconfianza de acudir ante las autoridades locales a presentar sus denuncias porque temen a las consecuencias de hacerlo y a ser revictimizados debido a la deficiente operación de las procuradurías.

Opinó que en México se utiliza de manera facciosa el Artículo 38 Constitucional, fracciones segunda y quinta, que tienen que ver con el retiro de derechos y prerrogativas para competir por un puesto de elección popular, pues son usados como mecanismo para hacer a un lado a los adversarios políticos.

Sostuvo que basta hacer un rápido recuento histórico para darse cuenta que curiosamente cuando está por iniciar los procesos electorales, de pronto surgen casos de supuestos desvíos de recursos públicos o delitos inventados en contra de quien tiene el respaldo de la gente para ocupar algún puesto de elección popular, pero que es contrario a los intereses del gobierno en turno, sea local o federal.

Recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón fue evidente el uso de la Procuraduría General de la República (PGR) para impedir el triunfo de Greg Sánchez, quien era candidato de una coalición de izquierda encabezada por el PRD a la gubernatura de Quintana Roo.

Mencionó que Greg Sánchez, quien fue presidente municipal de Cancún, estaba muy arriba en las encuestas electorales, por lo que los gobiernos estatal y federal le inventaron una serie de acusaciones para impedir que compitiera en los comicios a gobernador en aquel entonces, incluso fue detenido y privado de su libertad.

Más adelante, cuando pasaron las elecciones, resulta que no era responsable de ningún delito que le imputaban, y las autoridades sólo se limitaron a expresar un “usted disculpe”.

Estos mismos casos se sucedieron en mayor o menor medida en los estados de Veracruz, con el ex gobernador Javier Duarte, hoy sometido a proceso judicial por corrupción, quien se dedicó a perseguir lo mismo adversarios políticos, que a representantes de los medios de comunicación.

Puntualizó que otro caso fue el de Puebla con el ex gobernador Rafael Moreno Valle, quien se dedicó a perseguir perredistas durante su gestión, al grado de que llegó a tener 241 acosados y encarcelados por sus ideas, sus luchas sociales y defensa de los derechos humanos, lo que convirtió a esta entidad en el estado con mayor número de perseguidos políticos.

Manifestó que la lista de políticos con altos índices de aprobación, que ahora tienen que cuidarse de las procuradurías sigue creciendo.

No puede seguir la tendencia de que en los años electorales, las averiguaciones previas contra líderes sociales se multiplique mientras la sociedad exigen esa misma justicia veloz para sus casos, finalizó.