Por: Redacción/

La Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, dio a conocer que José Antonio García González, Secretario de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, se comprometió a que el Juez Sexto de Distrito se conducirá con imparcialidad y agilizará las diligencia de los maestros y activistas sociales: Sara Altamirano Ramos, Leonel Manzano Sosa, Lauro Atilano Grijalva Villalobos y Damián Gallardo Martínez.

Lo anterior luego de la movilización de esta organización y miembros de la Sección XXII y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a las instalaciones del CJF donde sostuvieron un encuentro con Edgar Torres, Secretario Técnico de la CJF y Omar Torres, también Secretario Técnico de este organismo, debido a que en este mes los compañeros cumplen cuarenta y un meses de estar encarcelados de manera injusta en los que se les han truncado sus vidas y las de sus familias.

Es por ello que las organizaciones sociales, intelectuales y se manifestaron por su libertad inmediata ya que no pueden seguir presos de manera indefinida.

Consideramos que ya se han ofrecido y desahogado diversos medios probatorios que hacen posible una sentencia absolutoria a favor de los compañeros; por lo que llamamos a las autoridades judiciales a dictar su libertad ¡Ya!

El 17 de mayo de 2013 fueron detenidos de manera arbitraria por agentes federales en la Ciudad de Oaxaca los maestros y activistas sociales: Sara Altamirano Ramos, Leonel Manzano Sosa, Lauro Atilano Grijalva Villalobos y Damián Gallardo Martínez.

Al momento de ser detenidos, fueron golpeados y amenazados de muerte; estuvieron en calidad de desaparecidos por más de 24 horas; tiempo en el cual fueron torturados y obligados a firmar declaraciones auto inculpatorias para después ser encarcelados en penales de alta seguridad como si se tratará de los peores delincuentes.

Nuestros compañeros no son delincuentes: son maestros y miembros de organizaciones sociales que han luchado en defensa de la educación y en favor de diferentes causas justas del pueblo.

Los compañeros fueron detenidos como parte de una campaña de desprestigio del gobierno federal hacia la Sección XXII y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ya que el gobierno de Enrique Peña Nieto necesitaba justificar la aprobación de la mal llamada reforma educativa, que había sido aprobada el 25 de febrero de 2013 y para ello usaron a nuestros compañeros como una forma de linchamiento hacia el magisterio democrático.

Asimismo, es el caso del compañero Oscar Hernández Neri quién sigue en un proceso dilatorio y que derivado de la intención del gobierno por opacar la protesta social en contra de la Reforma Educativa, su proceso es consecuencia de la necesidad de acallar las voces que implementan un argumento fuerte contra la privatización de la educación.

Han pasado ya más de cuatro años de estos hechos, en los que los abogados de nuestros compañeros han demostrado contundentemente que son falsas las acusaciones que les imputan.

Al grado, que en las declaraciones, existen contradicciones por la parte acusadora, durante todo el juicio.

Asimismo, expertos en medicina y psicología demostraron, a través del Protocolo de Estambul, que fueron torturados; lo cual fue acreditado por el Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, el 13 de marzo de 2015, dentro del Juicio de Amparo 48/2014, el cual ordenó que la autoincriminación fuera excluida como material probatorio del caso.

Fue a partir de estas acciones legales y de denuncia que logramos que el compañero Mario Olivera Osorio saliera libre el pasado 21 de abril de este año, lo cual debería significar la libertad de todos los compañeros. Sin embargo, esto no ha sucedido.