Por: Redacción/

Los derechos culturales son esenciales para consolidar el respeto, protección y garantía de la dignidad de las personas, ya que permiten alcanzar una vida adecuada y preservar libertades fundamentales como la de pensamiento, conciencia, religión y expresión, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Brindan también la oportunidad de reunión pacífica, formar una familia, poseer una nacionalidad y reforzar el derecho específico de las minorías a una propia vida cultural. Para ello, es necesario promoverlos y apostar por la capacitación y educación en esa materia para fortalecer nuestra diversidad, los mecanismos para su protección y justiciabilidad.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al presentar el libro “Derechos Culturales y Derechos Humanos”, en que afirmó que hoy en día existen instrumentos jurídicos a nivel nacional, regional e internacional que contienen las garantías necesarias para el pleno goce y disfrute de los citados derechos, mismos que favorecen valores como la tolerancia, la pluriculturalidad, el diálogo y la sana convivencia entre las personas y comunidades.

Acompañado por Frédéric Vacheron, Representante Adjunto Interno de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México; Jesús Torres Gómez, Secretario Particular de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Lucina Jiménez, Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); Alma Rosa Espíndola, Directora General Adjunta de la Coordinación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI); Diego Armando Guerrero García, Jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Consuelo Olvera Treviño, Secretaria Ejecutiva de la CNDH, González Pérez destacó que para hacer efectivos tales derechos es preciso tomar en cuenta cinco grandes elementos:

El primero es la disponibilidad de recursos y servicios culturales para su disfrute y aprovechamiento por la sociedad; segundo, accesibilidad, que implica que deben estar al alcance físico y financiero de todas las personas, especialmente quienes están en situación de vulnerabilidad; tercero, la aceptabilidad por las comunidades de las leyes, políticas, estrategias y programas en esa materia; cuarto, la adaptabilidad de dichos instrumentos y procurar que sean flexibles para respetar la diversidad cultural y, por último, idoneidad, que se refiere a que este derecho u otros sean adecuados al contexto y la modalidad cultural.

En las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Ombudsperson nacional indicó que la complejidad existente para definir el propio concepto de cultura y los distintos contextos sociales que enfrentan las personas han dificultado dotar de importancia y prevalencia a los derechos culturales, cuya vulneración también afecta el ejercicio de otras prerrogativas, y recordó que el derecho a la cultura permite gozar de beneficios como el progreso científico, aunque persisten retos como el hecho de que Google sólo reconoce 130 lenguas de 6,000 que existen en el mundo, por lo que deben generarse planes integrales y políticas de desarrollo que permitan incluir a más personas y sus expresiones culturales.

Indicó que el libro subraya la relevancia de la reforma constitucional del 2011 y aborda temas como “los derechos culturales de las poblaciones afrodescendientes”, “los derechos culturales y educación”; así como “las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se configuran como habilitadoras del desarrollo humano y diversidad cultural”, mismas que juegan un papel crucial en la ampliación de la libertad de expresión, la rendición de cuentas y la construcción de la democracia.

Tras destacar que dicha obra es producto de la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afirmó que este trabajo académico también ofrece una reflexión sobre el vínculo que tienen los derechos culturales con el fenómeno migratorio y hace énfasis en las aportaciones de las personas que se encuentran en contexto de movilidad para la transformación social a través de su trabajo y valores culturales.

A su vez, Jesús Torres reiteró el compromiso del Gobierno Federal con la promoción y protección a los derechos humanos, toda vez que esta administración tiene directrices claras como el combate frontal a la corrupción, fenómeno que ha dañado el goce de los derechos culturales de las y los mexicanos. Tras destacar que México posee gran bagaje cultural, se pronunció por avanzar en la creación de un Estado de Derecho con leyes autónomas para que los derechos fundamentales no solo sean vigentes, sino también atiendan a nuestra diversidad y mexicanidad.

Al explicar que el libro revisa el estado y futuro de los derechos culturales en nuestro país y contiene propuestas en materia de políticas públicas para garantizar su disfrute, Frédéric Vacheron indicó que el ejercicio de estos derechos exige la unión de dos disciplinas que se miran con recelo: la antropología y el derecho, además de la combinación de dos conceptos aparentemente contradictorios: universalidad y diversidad cultural, que representan el desafío más importante para las democracias de hoy.

Lucina Jiménez consideró que la colaboración entre la UNESCO y la CNDH abre un camino muy fructífero para los derechos culturales, tomando en consideración el momento histórico por el que atraviesa nuestro país, donde existe la posibilidad de replantear la política en esta materia y establecer una que tenga como base la dignidad de las personas, así como reformular prácticas ciudadanas que posibiliten terminar con la violencia, el encono, el enojo y el resentimiento social.

Alma Rosa Espíndola señaló que la diversidad lingüística en México no se encuentra distribuida de manera uniforme, ya que persiste la discriminación y grave desconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas en el país, lo que ha provocado que oculten sus lenguas originarias, que se encuentran en riesgo de desaparecer, afectando con ello el ejercicio de sus derechos humanos y su libre determinación. Ante esta situación, afirmó, es necesario que las instituciones federales, estatales y locales establezcan políticas públicas en materia lingüística para que se reconozca, proteja y promueva el desarrollo de esas lenguas.

Por último, Diego Armando Guerrero García reconoció el importante papel desempeñado por la CNDH con la emisión de diversas Recomendaciones y publicaciones sobre este tema, en el cual persisten retos como la generación de parámetros y mecanismos para salvaguardar el patrimonio cultural, sobre todo, de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, meta que sólo puede lograrse a través de la educación y el conocimiento.