Por: Redacción

La Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, la senadora Adriana Dávila Fernández, afirmó que el delito de trata de personas se ha potencializado en las últimas décadas y ha alcanzado dimensiones preocupantes, por lo que instó a las autoridades a trabajar para resolver este grave problema.

Dijo que es de gran importancia que México cumpla con los compromisos nacionales e internacionales, empezando por lo establecido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos Delitos.

Señaló que el Informe 2015 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas es deficiente en cuanto al manejo de la información, sobre la evaluación de los resultados de la política pública, lo que dificulta el acceso a información clara y la rendición de cuentas respecto de sus obligaciones.

Refiere que es una “simulación, datos diversos sobre un mismo tema, falta de pulcritud en su elaboración y evaluación, falta de coordinación entre la Comisión Intersecretarial y las instituciones integrantes de la misma, así como omisiones y nulo interés por parte de las entidades federativas para el combate al delito de trata de personas”.

Lo anterior lo expresó durante la presentación del Análisis y Evaluación del Informe 2015 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas en el patio de la vieja casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República.

La legisladora manifestó ahí que tras un exhaustivo análisis, se encontraron fallas en la coordinación de la política pública, el combate y sanción al delito y, especialmente, en la falta de atención a las víctimas.

Ante legisladores, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Dávila Fernández dijo que el combate a la trata de personas no puede ser rehén de la clase política, pues las víctimas de este delito merecen reintegrarse a la sociedad y el Estado mexicano tiene la obligación de brindarles la máxima protección y acceso efectivo a la justicia.

La senadora por Tlaxcala añadió que no se puede continuar con cambios cosméticos en las leyes aprobadas por el Congreso para el combate a la trata de personas, ni en las políticas públicas implementadas por el Gobierno.

Detalló que el documento de la Segob muestra cifras distintas sobre los temas de capacitación a servidores públicos y datos imprecisos sobre la nula atención a las víctimas del delito.

Ejemplo, en el 2015 ninguna víctima del delito de trata recibió reparación integral del daño por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, existen graves inconsistencias en las cifras sobre sentencias, pues mientras la Segob asegura que en las entidades federativas se dictaron 127 sentencias, la realidad es que sólo se logró acreditar 39 casos y los tribunales estatales hablan de 23.

“Lo más lamentable es que únicamente dos sentencias son dictadas con base en el artículo 10, que establece el tipo básico de trata de personas”, observó.

Del mismo modo, el Informe 2015 reporta 618 sentencias en todo el país de 2009 a la fecha, de las cuales sólo 19 corresponden al fuero federal y el resto corresponden a los estados; el 75 por ciento de éstas se concentra en tres entidades: el Distrito Federal, el Estado de México y Chiapas, abundó.

Agregó que la Ley marca que la Comisión deberá definir y coordinar la implementación de una política de Estado en materia de trata de personas; impulsar y coordinar en toda la república la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar esos delitos; inspeccionar, vigilar los programas, acciones y tareas, así como evaluar y rendir cuentas.