Por: Redacción

Senadores y diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, piden la creación de una “comisión de expertos” ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para atacar el espionaje en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos, señaló la senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

Dicha Comisión de Expertos sería necesaria para que brinde acompañamiento y asistencia técnica en este proceso, que además constituye un imperativo para garantizar la independencia de la investigación y, en su caso, sancionar a los responsables, puntualiza la legisladora.

Esta propuesta está respaldada por los coordinadores del PAN y del PRD, el senador Fernando Herrera Ávila y la senadora Dolores Padierna Luna, respectivamente.

Así también por los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, María del Pilar Ortega Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Isidro Pedraza Chávez, Fernando Torres Graciano, Daniel Ávila Ruíz, Miguel Barbosa Huerta, Zoe Robledo Aburto así como los diputados Minerva Hernández Ramos y Vidal Llerenas Morales

Señala que se busca garantizar que la investigación que realizará la Procuraduría General de la República sobre el espionaje gubernamental, a través del malware conocido como Pegasus en contra de diversos periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición sea seria, imparcial y efectiva.

Al respecto el Ejecutivo Federal debe solicitar el acompañamiento de organismos internacionales para que sea efectiva y sería la investigación.

Una opción es acudir a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para crear una Comisión de Expertos que brinde acompañamiento y asistencia técnica en este proceso.

A través de un punto de acuerdo respaldado por senadores y diputados de diversos Grupos Parlamentarios se subraya que la creación de esta comisión, bajo el Acuerdo Marco entre el gobierno mexicano y la OACNUDH, constituye un imperativo para garantizar la independencia de la investigación.

Y en su caso, sancionar a los responsables ya que de conformidad con los estándares internacionales, la realización de una investigación seria, imparcial y efectiva es un elemento fundamental y condicionante para la garantía y protección de los derechos afectados.

El requisito de imparcialidad exige que se excluya de la investigación a los órganos que pueden haber estado involucrados en la misma, en la primera oportunidad en la que surjan indicios de su participación.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que “la imparcialidad implica que [los] integrantes [del órgano investigador] no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia”.

“Debido a que la autoridad encargada de realizar las investigaciones ha sido señalada directamente como una de las responsables de llevar a cabo el espionaje gubernamental, se considera necesario el acompañamiento de algún mecanismo internacional de derechos humanos para el seguimiento de las investigaciones”, puntualiza la senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

Cabe subrayar que en 2002 el gobierno de México suscribió el Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acuerdo Marco), que sienta las bases de cooperación técnica en materia de derechos humanos.

El propósito es la institucionalización de las relaciones entre las partes y la instrumentación de programas de cooperación que incidan en la protección de los derechos humanos.

Rojas Hernández resalta que el gobierno mexicano no es ajeno a las solicitudes de acompañamiento de organismos internacionales en investigaciones, ejemplo de ello es que en 2014 el Gobierno Federal solicitó la Asistencia Técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, a través de la firma de un acuerdo.