Por: Redacción/

El Partido de Revolución Democrática a través de su Grupo Parlamentario (GPPRD) en la Cámara de Diputados, llamó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a sumar esfuerzos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y hagan valer su condición de Órganos Constitucionalmente Autónomos interponiendo acciones de Inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que el PRI y sus cófrades en el Congreso aprobaron la semana pasada.

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del GPPRD, enfatizó que ambos órganos tienen atribuciones constitucionales basadas en el artículo 105, fracción I, inciso L de nuestra Carta Magna para interponer la controversia al ver afectadas sus funciones con esa ley.

Para el caso del INAI, Zambrano saludó el posicionamiento emitido la víspera donde –al igual que el PRD- solicita a Peña Nieto apegarse al artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no publique el ordenamiento pues es necesario hacer observaciones al artículo 9, porque contraviene el principio de máxima publicidad establecido en el artículo 6 de nuestra Carta Magna que garantiza el derecho de acceso a la información.

En este caso, el Instituto Nacional de Transparencia expone que el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior ordena que “la información que se genere con motivo de la aplicación de la misma, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, lo cual transgrede lo establecido en el artículo sexto constitucional.

“Me parece relevante que organismos institucionales autónomos se sumen a la petición de la sociedad civil, colectivos, CNDH, del PRD y fuerzas aliadas para que el Presidente de la República no promulgue la Ley de Seguridad Interior”, indicó el legislador federal al tiempo de subrayar que este tema ya no es únicamente local sino que ha escalado a lo internacional y esto debe medirlo la Presidencia de la República que se ha visto obligada a responder a Naciones Unidas por la controversial Ley.

Zambrano Grijalva recordó que apenas la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha llamado a los “actores legitimados” a interponer amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ese ordenamiento sea sometido a revisión y cumpla con lo que establecen la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano.

“Si la Suprema Corte no cumple con su labor y avala esta Ley inconstitucional, el siguiente paso será la denuncia ante tribunales internacionales”, advirtió al subrayar que no se cumplió con el consenso nacional e internacional pese a la instrucción girada por Peña para realizar una consulta antes de que fuera aprobada en el Senado, de modo que la pelea se dará hasta sus últimas consecuencias.

Zambrano refrendó por último, su rechazo a que el Ejecutivo promulgue en enero próximo una Ley que implique retrocesos en materia de transparencia y acceso a la información, así como violatoria de las garantías individuales, y señaló que el Presidente de la República no puede ser omiso ante la enorme y consistente cantidad de llamados de alerta de la sociedad civil y de organismos nacionales e internacionales que han expresado su preocupación sobre los riesgos que representa la Ley de Seguridad Interior: “reitero mi exhorto a Peña Nieto para que sea responsable y vete esta Ley”, finalizó.