Por. Redacción/

El diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano, condenó el asesinato de dos agentes de policía que resguardaban la mina La Providencia, de donde se extrae material para el nuevo aeropuerto, y exigió a las autoridades federales y estatales no ser omisas ante los delitos que se cometen en el proceso de la macro obra.

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto en la Cámara de Diputados urgió a las autoridades investigar esos crímenes, que no son los únicos, y a actuar contra los responsables.

Añadió que uno de los delitos que se registran en la construcción del aeropuerto es la comercialización de combustible robado a PEMEX, y a pesar de las denuncias y las carpetas de investigación, ni la PGR ni la fiscalía del Estado de México han actuado, como tampoco lo han hecho el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El silencio y la omisión del Grupo Aeroportuario y de la SCT para atender con urgencia las denuncias de comercialización de combustible robado por parte de transportistas contratados en la obra pública, así como la lentitud de la PGR para sancionar a los responsables, las hace cómplices, máxime porque al tener conocimiento de ese delito incumplen lo que señalan los artículos 10 y 18 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, agregó Hernández Soriano.

“Como presidente de la Comisión Especial he constatado daños colaterales de la construcción y recientemente el uso de combustible robado que compran transportistas que suministran o extraen material en esa obra”, indicó.

Habitantes de al menos una decena de municipios afectados han denunciado la presencia de grupos armados vinculados al “huachicoleo”; sin embargo, las autoridades han guardado silencio cómplice que propicia asesinatos como los de los dos elementos policiales.

El diputado federal del PRD exigió a la PGR actuar de manera contundente y dejar de ser simple espectador, porque si bien hay un encargado de despacho, esa no es una limitante para agilizar las anomalías vinculadas a la construcción del aeropuerto, misma que no se debe llevar a cabo a toda costa y por encima de la legalidad.

Por ello, la SCT y su titular, Gerardo Ruiz Esparza, deben responder por daños al medio ambiente, al tejido social y por no actuar respecto al uso de combustible robado por proveedores de esa obra, señaló el diputado federal.