Por: Redacción

El Senado de la República reformó la Ley General de Educación, con lo que obliga a la Secretaría de Educación Pública (SEP) poner a disposición de la comunidad escolar los libros de texto gratuitos y materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso.

Mediante la aprobación de un dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, se reformó y adicionó la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación, para modificar las atribuciones exclusivas de la autoridad educativa federal.

El Pleno, también aprobó que sea la SEP quien establezca las previsiones necesarias para que, el material incluido en los libros de texto gratuitos, cumpla con las disposiciones en materia de protección de propiedad intelectual, derechos de autor y demás disposiciones que garanticen la seguridad jurídica de las obras.

Asimismo, estableció que los procedimientos de la publicación en plataformas digitales de los libros de texto gratuitos sean fijados por la SEP, observando que su consulta esté disponible al inicio de cada año escolar en la página oficial de la Secretaría, y en los medios electrónicos de comunicación que considere compatibles.

El senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que con la digitalización, en el marco de la globalización de la comunicación y la tecnología, se facilitará el acceso de los estudiantes a los contenidos de los libros de texto gratuitos.

Señaló que la difusión del material didáctico, a través de los libros de texto gratuito, se ha realizado por más de doce sexenios, pero con la digitalización habrá mayor posibilidad de comunicar.

La idea de crear y distribuir libros de texto gratuitos deriva del proyecto de José Vasconcelos, al frente de la Secretaria de Educación Pública (1921-1924), cuando instruyó iniciar la edición de libros con el propósito de distribuir obras de autores clásicos en todo el país. Sin embargo, debido a la compleja situación política, el proyecto fue interrumpido.

Cuatro décadas más tarde, Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública en dos ocasiones (1958-1964 y 1946-1948), retomó el proyecto de libros de texto provistos por la SEP de forma gratuita y con carácter obligatorio.

Con esta política, el Estado buscó: en primer término, hacer extensiva la educación a todos los sectores sociales, al otorgar a los alumnos de enseñanza primaria, los medios indispensables para el aprendizaje y, en segundo lugar, asegurar una base cultural uniforme.

El proyecto de decreto aprobado en votación nominal por el Pleno del Senado de la República, por 73 votos a favor y cero en contra, fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.