No todas las formas de trabajo infantil deben ser eliminadas sino requieren una evaluación sobre la manera en que cada actividad vulnera sus derechos o bien, si promueve su desarrollo personal, familiar y comunitario, sostuvo la doctora Beatriz Canabal Cristiani, investigadora del Posgrado en Desarrollo Rural de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al término de su participación en la 2da. Jornada: trabajo infantil en México. Crisis socioeconómica, trabajo y explotación infantil –realizada en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal– sostuvo que los menores de edad han trabajado siempre, sobre todo en el medio rural, donde las familias les asignan determinado rol en las actividades cotidianas, por ejemplo, recoger leña, cuidar a los hermanos, llevar a pastar a los animales.

Durante mucho tiempo esas labores han sido para los pequeños la forma de socializar y recibir los conocimientos heredados por sus padres; en los hogares citadinos hay también tareas asignadas a los niños y se trata de un “trabajo que dignifica”.

Eso representa una gran diferencia respecto de otras situaciones en las que los infantes deben trabajar por un salario y complementar el ingreso familiar.

En el medio agrícola, por ejemplo, los chicos trabajadores “están recibiendo un ingreso que deberían percibir sus padres”, pero dado que éste no es suficiente, el pequeño labora a veces en condiciones hostiles de climas extremos, riesgos de picaduras de animales y jornadas extensas.

La investigadora de la Unidad Xochimilco consideró que si no es posible eliminar ese tipo de trabajo infantil “debería ser regulado”, aunque se trata de un tema “polémico porque hay quien está por la erradicación del mismo”.

La doctora Canabal Cristiani puntualizó que las condiciones en que laboran y viven los niños de las familias más pobres en las ciudades tienen que ver con cómo se fue acomodando la población proveniente del medio rural que desde la década de 1960 ocupó los suburbios de la capital, conformando colonias nuevas.

Las primeras generaciones tuvieron acomodo en la creciente industria de las ciudades y en actividades del sector formal, pero las siguientes debieron insertarse en un mercado laboral ya incierto e inestable, por lo que los infantes, a pesar de su ingreso a las escuelas, debieron trabajar para complementar el ingreso familiar, explicó.

El panorama del trabajo infantil en el país es complejo y diverso, pues tiene que ver con regiones, rasgos culturales específicos, derechos, programas creados “que se publican mucho pero se aplican poco” y que “marcan un futuro no muy prometedor”.

Al contextualizar las condiciones socioeconómicas en que se realiza el trabajo infantil, la doctora Norma del Río, coordinadora del Programa Infancia de la Unidad Xochimilco, expuso que en México existen más de 55 millones de personas en pobreza, de las cuales 53 por ciento está conformado por niños y adolescentes; entre 2012 y 2014 se sumaron dos millones más de pobres por disminución del ingreso. Además, casi 60 por ciento de la población que trabaja lo hace en la informalidad.

Las condiciones de las mujeres y de los niños “van de la mano”, en tanto que la participación económica de este segmento –“que casi se calca en la situación infantil”– incrementó su participación en los sectores agrícola –cinco veces respecto de los hombres– al doble en el minero y en 11 por ciento en el de la construcción, si bien sólo 32 por ciento de la carga de trabajo de la población femenina es remunerado, mientras que el resto no lo es.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el trabajo no remunerado de las mujeres asciende a 3.1 billones de pesos a precios corrientes en 2014, que equivale a 18 por ciento del Producto Interno Bruto. Cada una de ellas debió ganar cerca de 50 mil pesos anuales por las labores de cuidado y domésticas, pero si es menor de 19 años, este ingreso se habría reducido a la mitad.

La tasa promedio de trabajo infantil en México se calculó en 8.6 por ciento en 2013, pero es mayor en los estados donde hay más pobreza: Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Puebla, entre otros.