Por: Redacción/

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) sostuvo que es urgente poner orden en el sistema de salud, pues con el retraso de las disposiciones reglamentarias que normen la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se vulnera el derecho a la protección de la salud en el peor momento.

“Exigimos al titular del Poder Ejecutivo, al secretario de Salud y al titular del Insabi generar certezas que permitan proteger la salud de los mexicanos. No es justo que los pacientes paguen el precio de la irresponsabilidad del Gobierno Federal”, señaló.

En un comunicado, indicó que su bancada exigirá que se inicie un procedimiento para determinar responsabilidades por omisión, en contra de los titulares del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Salud y el Insabi, por el retraso en la expedición de las reglas de operación

El también secretario de la Comisión de Salud subrayó que el Insabi prometió universalidad y gratuidad en los servicios de salud, pero sólo entrega sufrimiento a los enfermos que no reciben sus tratamientos, incluido el retraso en los medicamentos de los niños con cáncer.

Refirió que el decreto de la reforma mandataba al Ejecutivo Federal a emitir las disposiciones reglamentarias dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor, plazo que se cumplió el pasado 30 de junio de 2020.

“Hoy no vemos al Insabi por ningún lado, ante la pandemia se esconden tratando de repartir la responsabilidad y la culpa a los gobernadores. Pero olvidan que los convenios de centralización que firmaron la mayor parte de los estados hacen responsable al Insabi de los servicios de salud”, añadió.

Ahora, aseveró el panista, vemos las quejas de gobernadores, incluidos los de Morena, como Puebla y Baja California, que deben enfrentar la pandemia y el desabasto sin herramientas, pues perdieron la rectoría de sus sistemas de salud.

Agregó que las reformas a la Ley General de Salud, mediante las cuales desapareció el SeguroPopular, se hicieron sobre una base ideológica que pretendió desconocer y descalificar lo hecho por gobiernos anteriores y no bajo una visión estratégica.

“La reforma que creó al Insabi generó más dudas que certezas en aspectos torales como el financiamiento; las corresponsabilidades de los órdenes de gobierno y la fórmula de transferencias federales a los estados; el modelo de atención y la cobertura universal”, precisó.

Además, acusó, el titular del Insabi, Juan Ferrer Aguilar, arqueólogo tabasqueño designado por López Obrador para encabezar la reforma al sistema de salud, destaca por su desconocimiento de dicho sector.

Ramírez Barba consideró que el Insabi nació sin reglas de operación, sin manuales, sin planeación para su implantación, sin una fase piloto de prueba y sin mayor presupuesto.

“Sin reglas de operación, nos preocupa el uso que se esté dando al Fondo de Salud para el Bienestar y a los 40 mil millones de pesos que se autorizaron para el Insabi. Sería una tragedia que este dinero, originalmente guardado para financiar enfermedades de alto costo como cánceres, enfermedades cardiovasculares o respiratorias, se use ahora para los fines del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación”, destacó.