Por: Montserrat Sánchez Maldonado

César Flores Sosa, diputado del Partido de Acción Nacional (PAN), ha propuesto una iniciativa en el Código Penal Federal en contra del delito de usurpación de identidad, en donde se sancione de cinco a diez años de prisión, multas de 900 a mil 200 días de salario mínimo y, en su caso, reparación del daño causado.

“Estas penas se aumentarán hasta en una mitad, además de inhabilitar o suspender para ejercer la profesión o cargo por un tiempo igual a la pena de prisión, cuando el ilícito sea cometido por un servidor público aprovechándose de sus funciones; por un trabajador del sistema bancario, o por quien se valga de su profesión y estudios para ello” así lo declaró el funcionario del partido blanquiazul.

La identidad está ligada a la personalidad, la cual, legalmente la constituyen el nombre, domicilio, capacidad jurídica, estado civil, nacionalidad y patrimonio; atributos que permiten al individuo gozar de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos tutelados por la Constitución.

Cuando se es víctima de usurpación o robo de identidad, la persona en cuestión  queda sin oportunidad de actuar en el ámbito jurídico, identificarse, controlar su información y, en consecuencia, se ve incapacitada de ejercer sus derechos.

De acuerdo con el legislador panista, “esta práctica se puede efectuar incluso cuando una persona hace uso de tu nombre y tu foto para asumir tu identidad ante los demás para acosar a amigos en las redes sociales, subir videos o manifestar ideas ofensivas en tu nombre. Es de esta manera, que se afecta la imagen pública, la cual genera pérdida de empleo y la credibilidad personal, es por ello que es necesario tipificar la uruspación de identidad como delito con el propósito no sólo de proteger el patrimonio sino el rostro, nombre, firma y la confianza del perjudicado”.

Al finalizar, Flores Sosa comentó que la situación que se vive actualmente respecto a la usurpación de identidad, se debe a la falta de protocolos de seguridad de las instituciones bancarias, al avance en las nuevas tecnologías, falta de regulación sobre el tema, y la profesionalización de aquellos que se dedican a estas actividades ilícitas.