Por. Redacción/

El secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Rafael Hernández Soriano consideró una burla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Congreso de la Unión, a los medios de comunicación y a los Derechos Humanos de la población en general con la aprobación del dictamen sobre Ley de Comunicación Social por parte del PRI, MORENA y el PVEM, pues eleva a rango de ley el uso discrecional, autoritario, dispendioso y faccioso del presupuesto en materia de propaganda gubernamental.

Tras debatir en la Comisión de Gobernación el proyecto de dictamen que presentaron e impusieron por mayoría el PRI, MORENA y sus aliados, advirtió que no se atiende en sus términos la resolución de la SCJN al no protegerse el derecho a la información de la ciudadanía ni el derecho a la libre expresión en los medios de comunicación, sino que avala que la Secretaría de Gobernación mantenga la “manga ancha” que ya tiene para castigar y asfixiar financieramente a los medios críticos del régimen y para premiar con jugosos contratos a los que se conviertan en sus “voceros”.

De avanzar en el Pleno de Diputados este dictamen impuesto por el PRI y sus aliados en la Comisión de Gobernación -agregó el parlamentario del GPPRD- continuarán los excesos y derroches del Ejecutivo, tal como ha sucedido en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Recordó al respecto que la Cámara de Diputados le aprobó a este gobierno para 2006 un límite de gasto de aproximadamente dos mil millones de pesos, pero Peña Nieto y su entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, que hoy es su candidato para sucederlo en la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, derrocharon 10 mil millones de pesos para difundir verdades a medias y mentiras completas en su intento de ocultar sus magros resultados en la conducción del país, tal como lo evidencian la inseguridad y los “gasolinazos” diarios.

Este derroche en mentiras -agregó el legislador- es un insulto a millones de mexicanos que se encuentran en situación de pobreza y miseria extremas, así como a los millones de contribuyentes que destinan parte de sus ingresos al pago de impuestos, pues éstos son utilizados para malgastarse en una publicidad facciosa, particularmente en tiempos electorales como el actual.

Recordó que en la resolución por la cual la SCJN obliga al Congreso de la Unión a emitir una ley que regule el gasto y los criterios en materia de propaganda, publicidad y comunicación social se indica que ésta debe garantizar el cumplimiento de los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez por parte de todos los entes del Estado Mexicano, lo que claramente no se cumple con este dictamen basado en los lineamientos que ya aplica la Secretaría de Gobernación al mando de Peña Nieto.

Los mismos priistas y pevemistas lo reconocieron en la sesión de hoy de la Comisión de Gobernación al decir que no hay cambio sustancial en cuanto a las facultades que ya tiene la Secretaría de Gobernación. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, dijo Hernández Soriano.

El parlamentario del Sol Azteca cuestionó desde el inicio la legalidad de esta sesión de la Comisión de Gobernación, ya que violentó el Reglamento de la Cámara de Diputados y el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos en el sentido de que, antes de elaborarse, discutirse y aprobarse el dictamen, se analizara y debatiera las seis iniciativas ya existentes, así como escuchar a los colectivos de la sociedad civil como “#Prensa Libre”.

Sin embargo, la presidenta de esta Comisión, la priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente, sólo dio paso a la última que se presentó -precisamente la suya-, la cual es una calca de los criterios que ya aplica la Secretaría de Gobernación.

Con apoyo de otros diputados del PRI, PVEM y MORENA se impuso en lo general el dictamen y se delegó la responsabilidad de convocar a los debates públicos a la Junta de Coordinación Política, la que sin embargo carece de facultades para modificar el dictamen. Es decir, llegará tal cual al Pleno de Diputados para que ahí se perpetre este “albazo legislativo”.

Para Hernández Soriano, es claro que se trata de una burla a la resolución de la Corte, lo mismo que a los ciudadanos que, en representación de organizaciones no gubernamentales, solicitaron amparo ante el incumplimiento del Congreso de la Unión de emitir en los plazos previstos una ley en la materia que se ajustase a los cinco criterios antes señalados.

Adelantó que el GPPRD continuará la lucha y el debate para que se corrijan estas irregularidades, ya que hay tiempo suficiente para ello, pues el plazo para emitir la ley es hasta el 30 de abril.